Las heridas del Royalty.
Aunque el Consejo Minero dice haber superado las polémicas en que se vio envuelto por el impuesto que se aplicará al sector, al interior del gremio continúa el malestar con Escondida.
La teleserie del royalty está lejos de terminar. El primer quiebre vino con la decisión de Codelco de promover públicamente la aplicación del impuesto específico al sector, lo que terminó con el retiro temporal de la minera estatal del Consejo Minero.
Y ahora los coletazos de la resolución de Escondida de no pagar el tributo al aprobarse el royalty 2 continúan generando tensión. Hay ejecutivos que aún «tienen muy presente» los problemas que les causó -y sigue causando- esta opción.
El conflicto surgió a mediados del año pasado, cuando Escondida optó por acogerse a una normativa -que estaba dentro de la propia legislación- y no pagar el royalty, que consiste en el cobro de un impuesto progresivo de hasta 5% sobre las utilidades operacionales.
De ahí que surgiera una serie de resquemores y suspicacias en el sector. Basta escudriñar un poco para darse cuenta de que los pelambres no cesan.
«Muchos no olvidan que la mayor empresa del sector privado defendió su decisión de no pagar royalty, recordando públicamente que ella siempre fue la buena de la película al pagar religiosamente sus tributos, a diferencia de sus socias», indica un alto ejecutivo del rubro.
Con ello, Escondida insinuaba que gran parte de las compañías del sector simplemente «dilataban sus compromisos». Precisamente este argumento fue el utilizado con fuerza por parlamentarios para establecer la necesidad de aplicar este impuesto. Y contra él las mineras no pudieron luchar.
Sobran los ejemplos de los intentos que ha hecho Escondida para diferenciarse de las otras empresas. «Gran parte de la discusión que originó el Royalty se basó en que diferentes empresas utilizaban mecanismos contables, como es la depreciación acelerada, situación que minera Escondida nunca utilizó», señaló el gerente de asuntos corporativos de la firma, Mauro Valdés a «El Mercurio» el 24 de enero de este año.
El tema generó tal molestia al interior del Consejo Minero -también en la Sonami, aunque en menor medida-, que fuentes ligadas a la entidad aseguraron que el descontento se le manifestó a Escondida en más de una reunión de directorio.
Más aún, en varias ocasiones se discutió el impacto que tendría mediáticamente la decisión de la minera de no pagar el tributo. Si el tema, luego de dos años de debate, se había cerrado, Escondida lo reabriría en plena etapa de campaña electoral.
Este malestar, sumado a los rumores que circulan entre los propios ejecutivos de las empresas en torno a un eventual intento de «acercamiento» entre la controladora de la empresa, la gigante australiana BHP Billiton, y el Gobierno, ha terminado por aumentar la desconfianza en el sector.
«No existe ningún antecedente que avale dichos comentarios. Pero sí es cierto que hay algunos ejecutivos que no pueden creer que al gobierno simplemente se le pasó amarrar con el Royalty 2 a justamente la mayor empresa del sector. Esto ha generado más de alguna especulación sobre cuál fue el verdadero tono de las conversaciones entre BHP y las autoridades», explica una fuente ligada al rubro.
Pero también el hecho de que el Gobierno haya sacado adelante la ley aclaratoria del royalty desestima, a juicio de muchos, este posible «acercamiento».
«Recordemos que el Gobierno ha sacado un doctorado en improvisación de estas leyes. Además, no hay que olvidar que prefirió manchar la imagen de la empresa con tal de no reconocer su error», dijo el diputado de RN Nicolás Monckeberg.
Escondida también desmiente tajantemente estas afirmaciones y descarta la existencia de fricciones al interior del Consejo Minero. «Nosotros jamás hicimos distinción alguna con las otras empresas, porque jamás las mencionamos. Aunque sí es verdad que somos el mayor contribuyente privado del país», señala Valdés.
De hecho, asegura que varios miembros del Consejo se muestran felices con el proyecto que finalmente se aprobó, porque cierra cualquier discusión sobre el tema y flexibiliza la aplicación de los incentivos estipulados.
Pero pese a las bondades que podría acarrear la ley, el sector salió perjudicado con tanta polémica en torno al tema.
¿Cuánto? Es difícil decirlo, pero al menos más del 70% de los chilenos aprobó la aplicación de este impuesto a las mineras, según arrojaron algunas encuestas realizadas sobre el tema.
Y las duras campañas emprendidas a favor del royalty por políticos de la Concertación habrían ayudado a ello. Frases como «la población ya colmó su paciencia con estas empresas, que producen cerca del 67% de todo el cobre que se exporta y que, según los datos de 2002, ese año pagaron sólo US$ 36 millones por impuesto a la renta», repercutieron en el país.
Un analista del rubro explica que quedó la sensación de que estas compañías ganaban grandes utilidades y evadían impuestos, cuando el DL 600 les permitía prolongar el pago de tributos hasta cuando recuperaran su inversión. Las mineras sólo estaban actuando conforme a la ley vigente.
«Creo que toda la discusión del royalty ha sido un verdadero montaje electoral que la Concertación ha sabido utilizar muy bien comunicacionalmente. Y evidentemente eso ha perjudicado mucho al sector minero», enfatiza Monckeberg.
Hoy estas firmas pagarán 35% de Impuesto a la Renta, más un impuesto progresivo que alcanza hasta 5% sobre las utilidades operacionales, cuando antes el régimen tributario contemplaba el pago de 42% de impuesto a la renta, pero con invariabilidad tributaria de 20 años.
A la vez, la nueva ley contempla un incentivo para que las mineras que no hayan usado la depreciación acelerada, renuncien a su derecho de utilizarla.
Ello se hizo para prevenir que compañías como Escondida -que nunca utilizó este mecanismo- lo hagan y, en definitiva, el fisco termine recibiendo menos impuestos en el corto y mediano plazo.
Operación limpieza
Como el royalty ya está aprobado, tanto el Consejo Minero como la Sonami desean enfocarse ahora en mejorar su imagen ante la opinión pública.
«No queremos volver a conversar sobre estos temas, es un hecho, es un dato de la causa, y está cerrado. El tema del royalty no fue bueno para nadie, porque se deterioraron las imágenes de las empresas, demos vuelta la hoja y no sigamos viendo en cuánto nos deterioramos, veamos cómo somos mejores a futuro», enfatiza el presidente del gremio, Francisco Costabal.
Para ello, contarán con el apoyo de la ministra de Minería, Karen Poniachik. La titular del sector prometió que promoverán a través de campañas de difusión entre la población, especialmente a nivel de los estudiantes, los beneficios de la minería.
Por su parte, las empresas están invirtiendo en responsabilidad social, lo que ayuda a mejorar la imagen. «Esperamos que el tema se cierre bien y no haya un ruido que moleste a futuros inversionistas que piensen aprovechar las ventajas comparativas de Chile en el sector», dice Alfredo Ovalle, presidente de la Sonami.
Objetivo:
Origen y rol del Consejo Minero
Las disputas al interior del sector minero vienen desde siempre. Pero se agudizaron en 1998, cuando siete de las grandes mineras de Chile, más Codelco, decidieron marginarse de la Sonami para «velar por los temas comunes a las grandes mineras». Y para ello crearon el Consejo Minero. En esa época, los rumores del sector apuntaban a que las grandes compañías no se sentían representadas por la Sonami y a que Codelco promovió la creación de esta agrupación para restarle influencia al tradicional gremio y, por otra parte, acercar las grandes mineras al gobierno.
Con el paso del tiempo se fueron incorporando las demás grandes empresas del rubro y hoy suman 18.
Pero las cosas estuvieron lejos de calmarse. En junio de 2004, Codelco decidió suspender su participación debido a la dura declaración pública que el Consejo Minero lanzó contra la propuesta de royalty que impulsaba el Gobierno.
La empresa estatal aseguró que no compartía ni el fondo ni la forma del pronunciamiento del Consejo. Y no sólo eso: alegó que la decisión se tomó sin el conocimiento de sus representantes en el organismo.
Pero tras una serie de acercamientos, finalmente se reincorporó a la agrupación.
Sin embargo, los problemas resurgieron el año pasado cuando la compañía estatal fue cuestionada por sus altos costos y muchos de sus contratos. Ahí simplemente Codelco debió defenderse sola, porque el Consejo no se pronunció al respecto.
Y actualmente el caso Escondida volvió a remecer a la entidad, aunque en este caso tampoco hubo intervención pública sobre el tema «Nosotros como Consejo Minero no opinamos sobre los asuntos particulares de nuestros socios. Representamos al sector de la gran minería, pero la representación de la empresa la tienen los representantes legales de la misma», dijo Francisco Costabal, presidente de la asociación, para explicar el rol que cumple la organización.
Y al parecer tampoco ésta tiene la misión de entregar resultados continuos de sus socios, pues sólo los presenta una vez al año.
Para ellos, su misión radica en trabajar para el desarrollo del sector y difundir las actividades mineras. Pero estos objetivos, al parecer, no incluyen la defensa públicade sus asociados.
El Mercurio, lunes 20 de marzo de 2006
MINERÍA / Las heridas tras la aprobación del royalty:
Molestia a puertas cerradas
JOCELYN BAY-SCHMITH C. y PAOLA JARUR C.
Fuente: El Mercurio
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