Institucionalidad económica: importancia y desafíos
Claudio Agostini
Lo relevante para el diseño de políticas públicas es saber cuál institucionalidad es buena y cuál mala para efectos de crecer y avanzar hacia el desarrollo
John Stuart Mill dijo en el Siglo XIX que “Las sociedades son económicamente exitosas cuando tienen buenas instituciones económicas y son estas instituciones las que causan la prosperidad”. La historia le ha dado la razón, y es así como tanto la teoría como la evidencia empírica muestran que diferencias en la institucionalidad económica explican fuertemente las diferencias existentes en el crecimiento y la prosperidad entre países.
No es fácil definir qué es institucionalidad económica, pero hay bastante consenso en que se refiere fundamentalmente a las reglas del juego, y en particular, a la estructura de derechos de propiedad y a la existencia de mercados competitivos. Esta definición más específica es la que nos permite entender de mejor forma por qué la institucionalidad económica es importante. Por un lado, los derechos de propiedad juegan el rol de generar incentivos para invertir, tanto en capital físico y tecnología, como en capital humano. Por otro lado, y en forma complementaria, mercados verdaderamente competitivos permiten asignar en forma eficiente los recursos.
Más allá de la definición, lo relevante para el diseño de políticas públicas es saber cuál institucionalidad es buena y cuál mala para efectos de crecer y avanzar hacia el desarrollo. En este ámbito, la evidencia empírica también nos ha entregado respuestas consistentes. Es así como hoy sabemos que la corrupción, la burocracia y la mala calidad del sistema legal impactan negativamente en el crecimiento y que la transparencia, la existencia de buenos marcos regulatorios, la eficiencia en la gestión del gobierno, la existencia de una fuerte política de libre competencia y un buen manejo presupuestario impactan positivamente.
No es fácil construir una buena institucionalidad económica, ya que las instituciones en un país se determinan a través de decisiones colectivas. Como resultado, los grupos con mayor poder político determinan en la práctica qué instituciones existen y lo hacen basado es sus propias preferencias e intereses. La dificultad mayor radica en que, adicionalmente, hay grupos que tienen poder político de facto y que influyen fuertemente en las instituciones de un país y directamente en cómo se distribuyen los recursos. Por eso es que una buena institucionalidad económica que promueva el crecimiento surge cuando la institucionalidad política logra efectivamente restringir a los grupos con poder de facto y hace que existan pocas rentas que puedan ser capturadas por dichos grupos.
Si bien en Chile se ha avanzado en algunos aspectos, queda mucho camino por recorrer. En particular, se requieren reformas institucionales que mejoren sustancialmente la gestión y transparencia del Estado y el poder legislativo, el acceso y la calidad en la justicia, la defensa de la libre competencia y que dificulte la implementación de políticas públicas que benefician a poderosos grupos de interés a costa de la mayoría de los chilenos.
Yo creo que éste es el principal desafío de Chile hoy, pero hacer cambios requiere el coraje de enfrentar grupos de presión, de tal forma de hacer reformas que benefician a la mayoría a costa de la pérdida de poder de unos pocos. ¿Estará Chile y su clase política a la altura del desafío?
Diario financiero: 11/6/2007
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