Subsidio a la Minería, Populismo y Grupos de presión.

En mi columna anterior expresé mi desacuerdo con el salvataje estatal otorgado a sectores económicos específicos: la construcción, los salmoneros y la pequeña y mediana minería. Como resultado, he recibido una serie de críticas, algunas privadas y otras públicas, de personas vinculadas al sector minero. Algunas críticas han sido más bien descalificaciones personales que no contribuyen precisamente al debate, otras han sido en base a argumentos que defienden una ayuda estatal a la pequeña y mediana minería.
Tengo una valoración profunda por el debate de ideas, especialmente cuando la discrepancia ocurre en base a argumentos bien fundamentados, ya que ese es el camino correcto para acercarnos a la verdad que ninguno de nosotros tiene. Por eso quiero profundizar mis argumentos, contrarios a la ayuda específica recibida por la minería, y explicar mis discrepancias con las razones que la justificarían.
Enami realizó una rebaja unilateral de los cobros de tratamiento que hace a la pequeña y mediana minería, lo cual implicará menores ingresos para la empresa en torno a US$ 35 millones. En mi opinión, eso es un subsidio de todos los chilenos a la pequeña y mediana minería, en particular a los medianos mineros que entregan un volumen de minerales mucho mayor.
Los principales argumentos a favor de esta medida y que mostrarían que estoy equivocado al criticarla son tres. El primero, es que éste no es un subsidio sino un crédito a tasa de interés de mercado y que se devuelve. La pregunta obvia que surge ante ese argumento es ¿si el crédito es de mercado, por qué no se lo piden a un banco en vez de a la Enami? La respuesta también es obvia. El banco al evaluar el riesgo no les daría el crédito o no les prestaría a esa tasa de “mercado” de Enami, sino que a una tasa mucho mayor. Un pequeño detalle que omite el argumento es que el crédito no tiene plazo fijo de devolución, ¿qué banco otorga créditos sin plazo? No conozco instituciones financieras que presten con esas condiciones “de mercado”.
El segundo argumento es que la minería genera empleos, que además son de “buena calificación”. Es cierto que genera empleo, al igual que cualquier actividad económica productiva. ¿Justifica eso un subsidio de todos los chilenos a la minería? En mi opinión, la respuesta es no. Si queremos aumentar el empleo lo eficiente es subsidiar directamente el empleo independiente de en qué sector económico se genere. Eso es lo que, correctamente, hacen las nuevas medidas anunciadas.
El tercero, es que no es cierto que estas medidas sean el resultado de la presión de un grupo específico, sino que se originan en el “cambio en las condiciones de mercado”. Al respecto, basta con un párrafo de la declaración de la misma empresa que dice que la Enami y la Sonami esperan “…que estas medidas traigan alivio al sector y eviten el conjunto de movilizaciones que se vivieron esta semana…” Si eso no es responder a las presiones de un grupo corporativo ¿qué cosa sí lo será?
Finalmente, hay aspectos respecto a la forma en que se tomaron las medidas a favor de la minería que requieren una discusión profunda y que no han sido respondidos.
El primero, se refiere al gobierno corporativo de Enami. Es una empresa 100% estatal, pero el Estado nombra 70% de los directores. Aún más, los proveedores de la empresa y beneficiarios de subsidios y créditos tienen 20% de los votos en el directorio, además de acceso a información privilegiada para las negociaciones de contratos con la misma empresa.
El segundo, es la transparencia en el uso de los recursos públicos. El subsidio se implementó a través de una empresa pública, por la sola decisión de su directorio, sin pasar por una discusión en el Congreso como el resto de los subsidios del Estado y sin una evaluación social del proyecto que permita determinar si se justifica el subsidio o no. Los recursos para la minería tampoco compitieron con otros subsidios que podrían ser socialmente más rentables, tal como lo exige el uso eficiente de platas públicas que son de todos los chilenos.
Una política contracíclica es una buena respuesta a la crisis financiera y la solidez fiscal de Chile permite implementarla. Las nuevas medidas anunciadas no favorecen a grupos específicos y van en el camino correcto, sin embargo, sigo creyendo que uno de los mayores riesgos de esta crisis lo constituyen los grupos de presión. ¿Serán los mineros uno de ellos?
Claudio Agostini

Salvavidas estatal para la minería:
¿se justifica?

Diario financiero, Jueves 15 de enero del 2009

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