Carlos Ingham recibe luz verde del SII para crear un «banco de alimentos»
El socio de Linzor Capital, el abogado Roberto Peralta, de la Fundación Pro Bono, y distintas organizaciones sociales lograron que se reinterpretara la norma que sancionaba la donación de alimentos no comercializables.
Constanza Flores Leiva
Hasta ayer, las empresas que donaban alimentos aptos para el consumo pero no comercializables -porque estaban mal rotulados, con envases defectuosos o próximos a su vencimiento- se exponían a recibir una multa de un 35% sobre lo entregado por infringir una norma tributaria que lo consideraba un retiro de utilidades.
Éste era el principal obstáculo que encontró Carlos Ingham cuando decidió crear un «banco de alimentos» en el país. Esta organización se encargaría de canalizar estos productos hacia organizaciones sociales en vez de que fueran desechados por las empresas por el alto costo que significaba regalarlos.
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Pero ayer, el SII hizo oficial una reinterpretación de la ley que permitirá al empresario llevar adelante esta iniciativa.
El cambio en la aplicación de la normativa se logró con la participación del abogado Rodrigo Peralta, de Peralta Gutiérrez & Asociados y miembro de la Fundación Pro Bono, y de distintas organizaciones, como el Hogar de Cristo, Coorporación Esperanza, Coaniquem y Fundación Las Rosas, entre otras.
El espíritu de esa ley buscaba evitar que los alimentos que las compañías destinaban a un uso particular fueran descontados de la base sobre la cual se calculaba el impuesto a la renta.
Pero con un trabajo conjunto de ocho años y un intenso lobby, que incluyó reuniones con los ministerios de Hacienda del gobierno de Lagos y de la Presidenta Bachelet, lograron que el SII creara un mecanismo de control que distingue cuándo las donaciones tienen un fin benéfico.
Para esto, las organizaciones interesadas en recibir esta ayuda de parte de los supermercados o los productores de alimentos deberán acercarse al Servicio de Impuestos Internos, que creará un registro de todas ellas.
Así, éstas se transformarán en garantes de que las donaciones son efectivas, y con su acreditación, las compañías estarán libres de multas por gastos rechazados.
Carlos Ingham destacó la medida del ente fiscalizador y el rol de la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, con quien trabajó directamente para sacar el proyecto adelante.
El Mercurio, 10 de octubre de 2009.
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