Cobros del SAG: Alegatos en TC
Alegan que pagos por certificación serían inconstitucionales:
Exportadores recurren al TC y se enfrentan con el fisco por cobros del SAG
En paralelo, los empresarios también llevan una demanda ante el Séptimo Juzgado Civil por unos US$ 108 millones.
Fernando Vial R.
Representantes de los exportadores y del fisco se vieron las caras ayer en el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo: que el organismo presidido por el abogado Marcelo Venegas dictamine la inconstitucionalidad del pago que hacen los exportadores al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que éste realice la función de inspección y certificación fitosanitaria que permite comercializar la fruta.
La tarifa por este servicio-cuyo monto fue fijado por decreto en 1990- fue rebajada en 2008 tras un fallo de Contraloría. Sin embargo, los exportadores continuaron considerándola inconstitucional. De hecho, en paralelo al proceso que se desarrolla en el TC, los exportadores también presentaron una demanda en el Séptimo Juzgado Civil por unos US$ 108 millones por este motivo.
En su alegato ante los ministros del Tribunal, el abogado representante de los exportadores del estudio Schweitzer y Cía, Germán Concha, manifestó que «las tarifas que cobra el SAG constituyen un tributo y que en ese carácter deben ser fijadas mediante una ley, situación que no ocurre en la actualidad».
Según el profesional, el decreto mediante el cual se establecieron los cobros, que fue impugnado ante el TC, permite a las autoridades fijar un precio que puede ser arbitrario.
La defensa del Estado
La mesa constituida por los ministros Juan Colombo, José Luis Cea, Raúl Bertelsen, Hernán Vodanovic y Mario Fernández, entre otros, escuchó también la exposición y defensa del fisco.
María Eugenia Manaud, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del SAG, refutó la postura de los agricultores, expresando que el cobro «no es un tributo, porque no tiene ninguna de las características jurídicas exigidas a los tributos, sino que es un precio».
Para la abogada, «los impuestos deben servir a los fines del Estado, de forma difusa, y éste (cobro) simplemente corresponde a los costos de la prestación del servicio que beneficia naturalmente a los exportadores, ya que les permite acceder a los mercados internacionales con precios muchos más altos que los que se cotizan en Chile».
La representante del CDE esgrimió que las tarifas no tendrían carácter de tributo porque, entre otras cosas, habrían sido convenidas en una negociación con la Asociación de Exportadores (Asoex). En esa entidad, que preside Ronald Bown, manifestaron que de los 126 exportadores aludidos, sólo 60 son miembros.
AGRICULTORES
«Las tarifas que cobra el SAG constituyen un tributo y deben ser fijadas por ley».
GERMÁN CONCHA
Abogado de los exportadores
FISCO
«Los impuestos deben servir a los fines del Estado, y éste (cobro) simplemente beneficia a los exportadores».
MARÍA EUGENIA MANAUD
Abogada del Consejo de Defensa del Estado
El Mercurio, 6 de noviembre de 2009.
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