Las municipalidades insisten en que deben seguir cobrando este gravamen porque Contraloría no ha sido clara:
Grandes consultoras dicen que sociedades de inversión pasivas no debiesen pagar patente
Aseguran que entidades de este tipo no saben a qué atenerse ante fallos contradictorios entre Contraloría y tribunales. Eso ha generado mucha incertidumbre en el mercado y anticipan que se viene un escenario de mayor judicialización.
Una incertidumbre total en el mercado. Es el ambiente que se vive por estos días, según los socios principales de grandes en Chile: Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG. A pesar de que ha habido pronunciamientos de Contraloría y de la Corte Suprema, aún no está claro si las sociedades de inversión pasivas (las que no tienen giro comercial) deberán pagar o no las patentes a los municipios.
El 10 de junio la Contraloría determinó que las sociedades pasivas no estaban sujetas a este gravamen; sin embargo, los municipios están decididos a cobrarles las respectivas patentes municipales. Serían unas 72 mil sociedades formadas por profesionales de altas rentas.
De terminarse este cobro, una de las comunas más afectadas sería Panguipulli, que recibe unos $800 millones por pago de patentes de sociedades de inversión, cifra relevante si se considera que el presupuesto anual alcanza los $3 mil millones.
Por eso los municipios no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Dicen que el contralor no definió qué es una sociedad pasiva, y entonces asumen que todas tienen un giro comercial. Desde ese dictamen, las municipalidades siguieron cobrando, bajo el supuesto de que las propias sociedades debían probar que estaban exentas del pago.
Varios casos llegaron a tribunales y en muchos de ellos, los jueces fallaron a favor de las personas. Por eso la Asociación de Municipalidades presentó un recurso de reconsideración que solicita a la Contraloría definir claramente qué tipo de sociedades deben pagar y cuáles no.
La confusión también se acrecienta por los hechos históricos. En 2006, 2008 y 2009, Contraloría sostuvo que estas sociedades sí se encontraban afectas al tributo, pero este año dijo que en determinadas condiciones no están obligadas a pagar el impuesto. Con estos antecedentes, los inversionistas no saben claramente a qué atenerse.
Deloitte: «Los municipios hacen una interpretación errónea»
Jorge Rodríguez, de Deloitte, dice que el dictamen de la Contraloría es muy claro y se ajusta a la legalidad, ya que señala que la inversión, como actividad, no está considerada en ninguna de las categorías incluidas entre las que se gravan con patente municipal. Por eso, cree que los municipios están haciendo una interpretación errónea de la ley, y llama a las sociedades de inversión a presentar una solicitud administrativa ante la municipalidad para dejar de pagar la patente.
«Creo que aquí hay un problema por resolver. Mientras el dictamen de la Contraloría a nuestro juicio es muy claro, los conflictos entre las municipalidades y los contribuyentes se están resolviendo en los Tribunales de Justicia, y aquí no existe uniformidad de criterio».
-¿Esto aumenta la incertidumbre en el mercado?
«Evidentemente esto produce incertidumbre, dado que al final es un tribunal el que resuelve si un contribuyente está sujeto al pago de patente municipal. Con esto, algunos contribuyentes pueden quedar gravados con patente municipal y otros no, aun cuando todos estén haciendo exactamente lo mismo. A lo anterior se suma el costo que implica para el contribuyente ir a juicio contra la municipalidad».
-¿Las municipalidades están haciendo lo correcto al cobrar?
«Siguiendo el dictamen de la Contraloría, creo que las municipalidades están haciendo una interpretación errónea de la ley».
-¿Qué pasa con las sociedades familiares que no necesariamente tengan giro comercial? ¿Deben pagar?
«Entiendo que el artículo 23 del DL 3.063 no distingue si se trata de sociedades familiares, personas naturales o sociedades de cualquier otra naturaleza. Por lo tanto, si como en el caso de las sociedades de inversión mi actividad no está gravada con patente, no debo pagar patente, sea una sociedad familiar, persona jurídica, etc.».
»Esto produce incertidumbre, dado que al final es un tribunal el que resuelve si un contribuyente está sujeto al pago de patente».
KPMG: «Habrá un aumento de juicios por la incertidumbre»
«Inevitablemente, el tema se va a judicializar mucho», advierte Cristián Bastián, socio principal de KPMG Chile, quien explica que el fallo de la Contraloría ha sido claro. «Frente a un dictamen tan importante que afecta seriamente los ingresos de muchas municipalidades, es natural que estas últimas busquen la forma de aminorar su impacto», afirma.
-¿Cómo evalúa la actuación de la autoridad?
«El dictamen de la Contraloría es claro, pero los fallos de los Tribunales de Justicia han sido contradictorios, lo que genera aun mayor incertidumbre sobre la materia. Es preocupante que los contribuyentes no tengan claridad acerca del marco regulatorio impositivo, en este caso de sus obligaciones tributarias respecto de las patentes comerciales. Hay proyectos de inversión importantes desde el exterior, relacionados con el establecimiento en Chile de sociedades holding de firmas extranjeras, que en el pasado no se han realizado por la incertidumbre existente en la materia».
-¿Las sociedades pasivas debieran pagar impuestos?
«No parece razonable que una sociedad que sólo tiene inversiones pasivas -que no tiene trabajadores, local, no presta servicios, etc.- esté sujeta al pago de patente municipal. El punto es que como el marco legal que regula la materia es poco claro, se presta precisamente para diferentes interpretaciones».
-¿Qué pasa con todas las sociedades familiares que no necesariamente tienen giro comercial?
«En atención a las multas y recargos legales que puede originar un no pago, es recomendable que frente a un requerimiento municipal se cancele lo pretendido, y luego, si hay mérito para ello, se solicite su devolución, lo que originará una contienda judicial. Naturalmente que esto será viable en aquellos casos en que los montos lo justifiquen».
»El marco legal es poco claro y se presta precisamente para diferentes interpretaciones entre los actores».
Price: «No hay una jurisprudencia clara en el tema»
«Estos fallos contradictorios entre la Contraloría y la Corte Suprema hacen que no haya una jurisprudencia clara», dice Luis Enrique Álamos, socio principal de PricewaterhouseCoopers, quien cree que la autoridad tiene que normar bajo el prisma de que la mayoría de estas sociedades no son comerciales y por lo tanto no debieran pagar patente.
Mientras no haya una claridad desde Contraloría, sugiere a estas sociedades no pagar el tributo.
Además, asegura, «urge definir qué sociedad es pasiva y qué sociedad es activa. Todo el mundo te llama y te pregunta: pago o no pago», comenta.
Esta confusión ha suscitado, agrega, errores de interpretación de parte de ambos actores, y por eso proyecta que aumentarán bruscamente los juicios de ambas partes.
-¿Cuál es la recomendación que hace a sus clientes?
«A las sociedades de inversión que creen que son pasivas les recomendaría que no paguen hasta que el contralor fije una posición».
«Pero hoy la confusión es total. En mi opinión, la mayoría de estas sociedades debiesen ser pasivas. Pero no está definido qué significa que una sociedad sea pasiva, y hay dictámenes contradictorias respecto de si estas sociedades deben pagar la patente o no».
-¿Qué debieran hacer las municipalidades?
«Éstas tendrán un tema con el Gobierno en términos de que verán una merma en sus arcas, y ellos tenían presupuestado esos ingresos. Y si finalmente estas sociedades no pagan patentes, de alguna manera se deberá compensar ese menor ingreso».
-¿Es una señal grave esta incertidumbre?
«No, pero es un tema importante. Es un tema a definir, y no puede ser que esté en el aire, pues afecta a mucha gente. No puede ser que un tema como éste no tenga una definición clara. Hay una cantidad importante de sociedades de inversión que no saben si pagar o no».
»Hoy la confusión es total. Pero en mi opinión, la mayoría de estas sociedades debiesen ser pasivas».
El Mercurio, 3 de agosto de 2010.
Victoria Reyes P.
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