La Condonación de Johnson segun CIPER

Articulo Publicado en Ciper.
Hasta el sábado 2 de junio el debate sobre el sistema tributario chileno se centraba exclusivamente en determinar si los impuestos que se cobran en el país son bajos, justos o excesivos. Lo que quedaba fuera de toda discusión eran la neutralidad y equidad de la entidad encargada de cobrarlos. Desde la creación, en 1902, del primer órgano fiscal de recaudación tributaria, transcurrieron 110 años de historia que fraguaron la imagen férrea e imparcial del Servicio de Impuestos Internos (SII). Hasta ese primer sábado de junio pasado, el SII gozaba de su fama de cobrador implacable y los chilenos tenían la certeza de que todo aquel que cayera en falta -desde el dueño de un kiosco hasta el más poderoso de los empresarios-, enfrentaría el rigor de la ley.

Pero el 2 de junio esa imagen se trizó. Ese día, el vespertino La Segunda lanzó una bomba cuyas esquirlas hicieron múltiples mellas en los cinco “principios y valores” que el SII pregona como orientadores de su labor: excelencia, probidad, compromiso, respeto y equidad. En un extenso artículo, La Segunda informó que en octubre del año pasado el SII había condonado a la multitienda Johnson’s cerca de $59 mil millones (unos US$119 millones) de intereses y multas originados por deudas tributarias que en gran medida se arrastraban desde 2001, aunque algunas, incluso, provenían de los años 80.

La operación quedó bajo la lupa del escrutinio público cuando se supo que, al tirar la raya para la suma final, Johnson’s sólo pagó un total de US$ 8 millones al SII, equivalentes a menos de un 7% del monto que le fue condonado. La necesidad de una explicación aumentó cuando se informó que la multitienda, poco después del cuantioso “perdona vidas” y ya saneada de sus deudas tributarias, fue comprada por Cencosud.

Efectivamente, en la Memoria 2011 de Cencosud se informó que la compañía del mega empresario Horts Paulmann adquirió el 85,58% de Johnson’s en $ 32.606 millones (unos US$ 66 millones). Es decir, los dueños de la multitienda –familia Calderón- pagaron US$ 8 millones en impuestos que adeudaban, se ahorraron US$ 119 millones en multas e intereses, y luego la vendieron en US$ 66 millones.

El director del SII, Julio Pereira, fue llamado a dar explicaciones a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pocos días después, la misma Cámara acordó crear una comisión investigadora. En ese escenario candente, el diputado Fuad Chahín (PDC), lanzó un nuevo misil al asegurar que ex asesores tributarios de Johnson’s ahora ejercían cargos directivos en el SII, por lo que se debía investigar posibles “conflictos de interés”:

-Profesionales que asesoraron a Johnson’s en juicios contra el SII después entraron a Impuestos Internos y están en altos cargos, en la plana mayor. Indudablemente, hay que despejar la duda razonable de que pueda haber un conflicto de interés, porque la plana mayor evidentemente tuvo no sólo conocimiento, sino también injerencia directa en este proceso -dijo Chaín a la Radio de la Universidad de Chile.

Sin mencionarlos, Chaín se refería al director del SII, Julio Pereira, y al subdirector jurídico del mismo Servicio, Mario Vila. Antes de entrar al SII en 2010, convocados por el gobierno de Sebastián Piñera, Pereira y Vila fueron socios del área tributaria de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), la misma que está siendo investigada por su responsabilidad en el fraude de La Polar. PwC asesoró a Johnson’s en la agresiva estrategia tributaria para evitar el pago de impuestos que adoptó esa multitienda en 2001 y que el SII cuestionó en 2004, lo que le significó a la compañía arrastrar juicios por impuestos impagos durante casi ocho años, hasta que la condonación la benefició con un borrón y cuenta nueva.

Aunque el SII ha señalado que las sospechas de conflictos de interés son infundadas y que tanto Pereira como Vila no participaron en el tema de Johnson’s, CIPER tuvo acceso a diversos documentos -correos electrónicos, minutas internas del SII y un acta de sesión de directorio de la multitienda- que demuestran que ambos estuvieron informados de los detalles de la operación y que participaron en el proceso que culminó con la extraordinaria condonación. Incluso, los documentos apuntan a que Mario Vila inicialmente dio luz verde a negociar una fórmula de arreglo -diseñada con documentos elaborados por PwC- para que Johnson’s pagara aún menos de lo que finalmente canceló.

LA NÓMINA DE LOS OCHOEn 2001 varias empresas de la nómina de grandes contribuyentes, entre ellas Johnson’s, compraron compañías que quebraron y virtualmente desaparecieron a comienzos de los años 80. Estas sociedades milagrosamente volvieron a la vida después de 20 años, declarando pérdidas por miles de millones de pesos originadas en impagos que arrastraban desde 1981-82, acrecentados por reajustes y correcciones monetarias (ver recuadro). Johnson’s utilizó una de esas sociedades “zombis”, como las denominó un detallado reportaje de The Clinic, y pasó a exhibir una pérdida multimillonaria. Así, hizo declaraciones en las que ya no sólo dejaba de pagar tributos, sino que el Fisco incluso debía devolverle dinero.

Uno de los artífices de esta agresiva estrategia tributaria fue PwC, bajo la batuta del abogado Mario Vila. La Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del SII objetó en 2004 el uso de estas pérdidas adquiridas con el único propósito de rebajar impuestos. Incluso, llevó un caso, el de Vital S.A., a la justicia ordinaria. En ese proceso consta una declaración de Vila de 2004, en la que el actual subdirector jurídico del SII no sólo defiende estas planificaciones tributarias -que significaban una multimillonaria pérdida para el Fisco-, sino que reconoce que esas operaciones se hacían con el único objeto de no pagar tributos. En la misma época Vila comenzó a defender a Johnson’s, cuando el SII llevó a la multitienda a la justicia tributaria para obligarla a pagar los impuestos que pretendía eludir usando esta misma vía.

Después de que el diputado Chahín hizo públicas sus sospechas, el SII lanzó una ofensiva para aquietar las aguas. El 13 de junio La Segunda informó que el SII desmintió que Vila hubiese participado en el proceso que culminó con la condonación a Johnson’s. La nota del vespertino agregó que el SII reconoció que durante la década pasada Vila representó a Johnson’s en sus litigios con el SII, pero que por la misma razón se había inhabilitado en el proceso de negociación entre la entidad fiscal y la compañía.

La información proporcionada por el SII a La Segunda destacó que la condonación no fue firmada ni por Pereira (que estaba fuera de Chile) ni por Vila (que lo subrogaba), sino por el subdirector normativo del SII, el funcionario de carrera Juan Alberto Rojas. El artículo agregó que el SII informó que en la decisión de condonar el 99% de las multas e intereses a Johnson’s habían intervenido, única y exclusivamente, ocho funcionarios de carrera: Mirtha Barra, Norberto San Martín, Elena Amaya, Iván Beltrand, Hugo Horta, Lucio Martínez, María Teresa Sánchez y Patricio Soto.

Esa nota aparecida en La Segunda del 13 de junio, aunque no identifica a su fuente, es la única información pública aportada hasta ahora por el SII que individualiza a quienes presuntamente debiesen cargar con la responsabilidad del “perdonazo” a Johnson’s. En el gabinete del director del SII se informó a CIPER que los datos difundidos en ese breve artículo del vespertino fueron aportados por esa repartición, con autorización del director Pereira. Es decir, la versión oficial del SII es que Pereira y Vila nada tuvieron que ver con el proceso de negociación ni con la condonación, que Vila incluso se inhabilitó y que los responsables son los ocho funcionarios cuyos nombres se hicieron públicos por decisión del mismo Pereira.

La nómina difundida por La Segunda causó desazón entre los funcionarios del SII y entre los expertos que se dedican a la asesoría tributaria de grandes compañías. Esto, porque varios de los mencionados (Barra, San Martín, Amaya y Soto) tienen cargos de jefatura en la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) y durante años objetaron y persiguieron planificaciones tributarias como las de Johnson’s, enfrentándose a abogados como Vila. Fueron ellos los que llevaron a la multitienda al tribunal tributario y hasta 2011 se negaron a suscribir algún acuerdo que le permitiera pagar menos impuestos.

SESIÓN DE DIRECTORIOLas versión oficial del SII acerca de que Vila se inhabilitó en el proceso choca de frente con el acta de la sesión ordinaria del directorio de Johnson’s realizada el 9 de marzo de 2011 (vea acá el documento). El acta lleva las firmas de los directores Enrique Cibié, Miguel Zlatar, Luis Fernando Pacheco, Eduardo Morales y Andrés Eyzaguirre. Bajo el último subtítulo,“Temas varios”, se lee:

“Informa el Sr. (Eduardo) Morales que recibió un llamado del Sr. Mario Vila del SII en relación con las conversaciones mantenidas con el Servicio y que esperaba que dentro de esta semana se produjera una reunión, cosa que confirmó el Sr. (Luis Fernando) Pacheco.

“Sobre la base de lo anterior, el Sr. Pacheco estima conveniente suspender por ahora la propuesta de Carey y Cía., dando tiempo para revisar y evaluar detenidamente la propuesta de honorarios.

“Además, informó que los bancos dejaron en libertad a Johnson’s para manejar, resolver y acordar temas tributarios. Una vez que se analicen las opciones, se presentarán a los bancos”.

El documento deja en evidencia tres cosas. La primera es que los bancos acreedores de la multitienda -en representación de lo cuales figuraba Luis Fernando Pacheco en el directorio-, estaban interesados en resolver el problema de los impuestos y que el visto bueno para cualquier acuerdo con el SII lo darían ellos. Más adelante quedará demostrado que el interés de los bancos por apurar la resolución de las diferencias con el SII se debía a la oferta de compra que estaba haciendo Cencosud, la que sólo se concretaría si se saneaba la situación tributaria, permitiendo a los bancos recuperar el dinero que les debía Johnson’s.

En segundo término, el acta demuestra que el directorio de Johnson’s estaba estudiando reemplazar la asesoría tributaria de PwC por la del estudio Carey y Cía. Y, en tercer lugar, que en ese contexto de decisiones urgentes, con la posibilidad de que PwC saliera del negocio, Mario Vila llamó a Eduardo Morales, director y fiscal de Johnson’s, para hablar sobre el conflicto de la multitienda con el SII y coordinar una reunión que permitiera avanzar hacia un acuerdo.

Morales dijo a CIPER que el contacto que sostuvo con Vila al que se hace referencia en el acta, fue un diálogo en que el subdirector jurídico del SII sólo le comunicó que no podía hablar sobre el tema porque estaba inhabilitado. El fiscal de Johnson’s aseguró también que PwC nunca asesoró a su compañía en materia tributaria, sino que se limitó a representar a la empresa ante la justicia tributaria.

La versión de Morales resulta curiosa, porque sólo 20 días después de la sesión de directorio reseñada en el acta, él mismo envío un correo electrónico a Vila -quien supuestamente le había dicho que no podía tocar el tema- para poner en marcha un nuevo intento de arreglo con el SII. El correo está fechado el 29 de marzo de 2011 y en él, Morales le adjunta a Vila un set de documentos preparados por el área de asesoría tributaria de PwC, la misma auditora que según Morales nunca asesoró a la multitienda.

El mensaje de Morales a Vila parte con la sugerente frase “de acuerdo a lo solicitado” y adjunta los documentos que servirían de base para hacer una propuesta de arreglo al SII (vea una copia del correo).

UN BY PASS A LA DGCEl correo que envió Morales a Vila fue posteriormente derivado a Hugo Horta, encargado de Medianas y Grandes Empresas de la Subdirección de Fiscalización del SII, quien a su vez lo reenvío a la funcionaria María Teresa Sánchez, del SII Santiago Oriente, para consultar su opinión sobre la propuesta que estaba haciendo Johnson’s para resolver el conflicto. La idea era que la negociación con Johnson’s la asumiera la unidad que dirigía Horta, lo que resulta a lo menos curioso, pues desde que se inició el conflicto entre la multitienda y el Servicio, en 2004, el caso lo había llevado en exclusiva la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC).

El fiscal de Johnson’s, Eduardo Morales, asegura que esto no se hizo con la intención de sacar del camino a la DGC. Morales afirmó a CIPER que ingresaron la propuesta en la Subdirección Jurídica, que dirige Vila, por error: “Nos equivocamos nosotros, porque consideramos que era una cosa jurídica, no tanto de grandes contribuyentes. Entró con Mario Vila porque nosotros lo conocíamos. O sea, yo voy donde quien conozco”.

Lo que Morales omite es que la DGC siempre se opuso a un arreglo con Johnson’s que permitiera a la multitienda dejar de pagar alguna parte de los impuestos que el SII le estaba cobrando, pues exigía como piso para cualquier negociación que la compañía cancelara todos los tributos pendientes. En ese contexto, Johnson’s sólo podía aspirar a una rebaja de las multas e intereses.

Pero la propuesta que Morales hizo llegar a Vila y que finalmente aterrizó en el escritorio de Horta, precisamente implicaba que Johnson’s dejara de pagar una parte de los tributos que reclamaba el SII. Esto, porque la multitienda pedía que le aceptaran hasta 2011 el uso de las pérdidas que había adquirido al comprar una sociedad “zombi”.

-Nosotros queríamos poner término a los juicios (tributarios) mediante desistimientos y que el SII no nos cobrara nada -señaló Eduardo Morales a CIPER.

La fórmula colisionaba con el criterio exhibido por la DGC durante casi una década.

La funcionaria María Teresa Sánchez reenvío el correo con la propuesta de Johnson’s a Patricio Soto, uno de los especialistas de la DGC que lideró el trabajo para detectar a las empresas que intentaron usar pérdidas cuestionables. Lo hizo para consultarle en qué pie estaba la situación de la multitienda. Fue así como en la DGC se enteraron de que se había puesto en marcha una negociación con Johnson’s que circulaba por un by pass que, por primera vez, los dejaba fuera de la mesa.

Esta propuesta naufragó finalmente en una reunión entre representantes de Johnson’s y funcionarios del SII que se realizó en el séptimo piso de la subdirección que encabeza Vila, en calle Almirante Gotuzzo 124. En esa cita estuvieron Hugo Horta, Patricio Soto, María Teresa Sánchez y Lucio Martínez (subordinado de Vila), por el SII. Enfrente, figuraron Luis Fernando Pacheco (hombre de confianza del grupo Luksic y representante de los bancos) y Eduardo Morales. Uno de los asistentes a la reunión dijo a CIPER que fue Horta el que rayó la cancha y pulverizó la propuesta, pues señaló que el piso para negociar un arreglo era que Johnson’s pagara todos los impuestos que, a juicio del SII, aún adeudaba.

-Nosotros siempre dijimos que no debíamos plata, pero ellos no aceptaron ninguna propuesta que significara no pagar -dijo Morales a CIPER, al explicar por qué no prosperó esa fórmula.

Tras la negativa del SII, a comienzos de abril entró a la cancha Carey y Cía., que asumió la representación de Johnson’s ante el SII. El abogado de ese estudio, Alex Fischer, encaró la negociación reinstalándola en la ruta lógica: la DGC. El 5 de abril de 2011, Fischer envió un correo electrónico a Vila y al entonces director de la DGC, Bernardo Marchant, solicitando una reunión de acercamiento.

Aunque supuestamente Vila se había inhabilitado para participar en las conversaciones entre el SII y Johnson’s, el correo enviado por Fischer indica lo contrario. El mensaje parte señalando que Luis Fernando Pacheco (director de la multitienda) ya se había comunicado con Vila para informarle que Carey y Cía. asumiría las negociaciones: “Entiendo que Luis Fernando Pacheco ya les comentó que fuimos formalmente contratados por Johnson’s para estudiar todos los temas que la empresa tiene pendientes con el SII (…)”.(vea el correo de Fischer y su reenvío).

Si Vila le hubiese manifestado a Pacheco que estaba inhabilitado, difícilmente Fischer le habría escrito para coordinar una reunión. Por lo demás, lejos de automarginarse, el propio Vila le reenvió el correo a Marchant, dándole instrucciones para que se hiciera cargo del tema, lo que evidencia que seguía interviniendo: “Bernardo, de acuerdo a lo conversado (…) el tema deberá ser abordado por ti, la SDF (Subdirección de Fiscalización) y por la SDJ (Subdirección Jurídica) la persona será Lucio (Martínez)”.

Ya instalada en la DGC, la negociación entre el abogado de Carey y los funcionarios del SII entró en tierra derecha. Johnson’s, por primera vez, aceptaba la condición de la DGC de pagar todos los impuestos que el SII le estaba cobrando. En ese contexto, el director de la DGC, Bernardo Marchant, dejó ese cargo y lo sucedió Mirtha Barra, quien venía de la Dirección Regional del SII en Rancagua. Ella asumió su nuevo puesto el 16 de agosto de 2011 y sólo tres días después participó en una reunión con Julio Pereira y Mario Vila -que supuestamente estaba inhabilitado- donde, entre otros temas, se revisó el caso de Johnson’s y se le entregaron instrucciones respecto de cómo apurar el cierre del conflicto con la multitienda.

Esa cita del 19 de agosto fue coordinada por el subdirector de fiscalización, Iván Beltrand (vea la convocatoria). En el mensaje de la citación se lee que el asunto a tratar es: “Temas Codelco, ANFP, Johnson’s, varios y bienvenida”. Los convocados: Iván Beltrand, Mario Vila y Mirtha Barra. No obstante, a la cita, sorpresivamente, también concurrió el director Pereira.

En esa reunión se instruyó a Mirtha Barra para que cerrara prontamente el conflicto con Johnson’s y se le dijo que la multitienda estaba dispuesta a pagar hasta US$ 8 millones. Por esa razón, se le pidió que hiciera todas las coordinaciones para calcular cuánto de esa cifra se debía destinar a pagar impuestos. Con el saldo se pagarían los intereses y multas, por lo que la operación requeriría una alta condonación. Ya en esa reunión, en agosto de 2011, con Pereira y Vila presentes, se habló de una condonación que bordearía el 98%.

Mirtha Barra volvió de esa reunión explicando a sus subalternos el nuevo escenario. Los funcionarios que venían negociando con Johnson’s ya habían hechos cálculos aproximados y sabían que los impuestos que se estaban cobrando a la multitienda bordeaban precisamente los US$ 8 millones, por lo que de inmediato comprendieron que la condonación sería casi total.

Se encargó entonces al jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Nacionales de la DGC, Norberto San Martín, que calculara los impuestos que debía cancelar Johnson’s con el límite de la instrucción recibida: US$ 8 millones como monto máximo de pago. San Martín entregó una minuta el 26 de agosto, donde proyectó que la empresa debía pagar unos US$ 4,75 millones en impuestos de primera categoría y alrededor de US$ 3,2 en impuestos adicionales, por lo que, según sus cuentas, se requería una condonación de intereses y multas de alrededor de 98 por ciento.

Como el límite de pago que se había impuesto a Barra implicaba una condonación superior al 66%, de acuerdo con la Circular 42 requería la autorización del director del servicio, quien siempre estuvo informado de los alcances de la negociación. Así lo comprueban una intervención que el mismo Pereira hizo en el Senado y varios correos electrónicos.

El 4 de julio pasado, Julio Pereira concurrió al Senado para explicar los alcances del acuerdo entre el SII y Johnson’s. En la sala de la Cámara Alta, el director del SII entregó un antecedente que indica que estaba al tanto de los términos de la condonación. En su presentación, Pereira hizo una pregunta retórica: “¿Cuál fue la posición del servicio, del sucrito y de otros de sus directores que participaron? Establecer como requisito sine qua non de la condonación, el desistimiento de la totalidad de los juicios por las pérdidas que esa empresa mantenía con Impuestos Internos”. La respuesta, que indica que Pereira discutió los términos de la condonación, causó sorpresa entre el público apostado en las tribunas, donde había varios dirigentes gremiales del SII.

Respecto de los correos que demuestran que Julio Pereira estuvo involucrado en el proceso, el primero está fechado el 4 de octubre de 2011 y fue enviado por Mirtha Barra a Pereira (vea el correo). En él, la directora de la DGC le informó de una reunión que sostuvo con el director de Johnson’s, Luis Fernando Pacheco, en la que éste le explicó por qué la multitienda no pagó el 30 de septiembre los impuestos pendientes, como se había acordado previamente; y le solicitó que se mantuviera en pie la fórmula de arreglo para finiquitar el conflicto en octubre. Este correo demuestra que Pereira sabía que la condonación sería del orden del 98%:

“Señaló (Pacheco) a grueso modo que si bien en la junta de accionistas no obtuvieron los fondos, la negociación con los bancos sigue en curso y esta semana se podría concretar la oferta de compra de la empresa (efectivamente, el 7 de octubre Cencosud firmó la carta de intención para ingresar a la propiedad de Johnson’s), situación que en definitiva llevará a cerrar también el tema tributario.

“Por lo anterior, me solicitó (Pacheco) poder mantener en pie para este mes en curso, la solicitud verbal existente de petición de condonación de intereses y multas de impuestos que conocemos”.

Diez días después, Mirtha Barra despachó un correo al subdirector de fiscalización, Iván Beltrand, que también demuestra que Pereira estaba al tanto de las negociaciones (vea el correo). En ese mensaje, ella le indica que representantes de Johnson’s y de la banca acreedora de la multitienda le pidieron a Pereira que agendara una reunión con los funcionarios de la DGC. A esa cita asistió el gerente general del Banco de Chile, Arturo Tagle, con el único objeto de que la DGC le ratificara que el acuerdo limitaba el pago a US$ 8 millones. En la tarde del día anterior, 13 de octubre, Pereira había llamado a Barra para entregarle un número telefónico en el que podía ubicar a Tagle para coordinar la reunión.

Finalmente, el jueves 20 de octubre, Mirtha Barra envió un escueto correo a Pereira (vea el correo). El texto sólo tiene 12 palabras, pero es una prueba maciza sobre el nivel de conocimiento que el director del SII tenía respecto de esta operación: “Existe una alta probabilidad de que mañana nos paguen. Lo mantendré informado”.

La Dirección de Grandes Contribuyentes:
La contraparte de las grandes empresas en el SII Durante los últimos 11 años, los funcionarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (DGC, creada en 2001) han tenido como objetivo central frenar planificaciones tributarias agresivas, diseñadas por auditoras y estudios de abogados para que las grandes empresas pagaran la menor cantidad de impuestos posible.

Una de estas planificaciones consistió en fusionar compañías sanas con empresas de papel que no tenían movimientos financieros desde los ‘80 y acumulaban pérdidas cuantiosas. Esta estrategia se puso de moda a fines de los ‘90, promocionada por asesores tributarios que la ofrecían a grandes compañías que buscaban eludir impuestos. Entre estos asesores el que concretó más operaciones de este tipo fue PricewaterhouseCoopers (PwC).

En 2000, una luz de alerta se encendió en el SII. El hombre que identificó el ardid y puso en marcha un sistema para frenarlo fue Norberto San Martín, entonces jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas. San Martín lideró un equipo que intentó persuadir internamente al SII de que, aunque la ley no lo prohibiera, el uso de estas sociedades “cascarón” constituía evasión tributaria. Así, convenció a René García, entonces subdirector normativo, de que lo ayudara a generar normas que limitaran los efectos de estas planificaciones. Surgieron dos oficios claves: el 164, que establece que el SII puede revisar las pérdidas de ejercicios anteriores en la medida en que el contribuyente las trae al ejercicio actual; y el 3066, que regula la corrección monetaria y los reajustes que se suman a la pérdida.

Armados con estos dos oficios, Norberto San Martín y Patricio Soto, lideraron un equipo con miembros de distintas direcciones regionales que se instaló en el zócalo de Amunátegui 66, donde funciona la DGC. Allí revisaron alrededor de 700 empresas sospechosas de usar pérdidas cuestionables.

Luego de un primer barrido, la nómina se redujo a cerca de 250 empresas. Finalmente, fueron poco más de 60 las que efectivamente habían usado sociedades “zombis”. Alrededor de 53 accedieron a pagar los impuestos adeudados en alguna de las etapas de fiscalización administrativa o cuando ya estaban en la justicia tributaria. Varias terminaron aceptando las condiciones de la DGC, apuradas porque querían salir a la Bolsa, emitir bonos o vender parte de la propiedad, y requerían sanear la situación tributaria. Menos de diez empresas se resistieron a renunciar por completo a las pérdidas de las sociedades “cascarón”.

Una de esas empresas fue Johnson´s y su representante ante el SII y la justicia tributaria era el entonces abogado de PwC, Mario Vila, actual subdirector jurídico del organismo fiscal. Mario Vila proponía que el SII aceptara que la multitienda descontara impuestos por las pérdidas que acumulaba la sociedad que había comprado, cuya contabilidad había sido revisada por PwC. Pero la DGC siempre le dio la misma respuesta: “No”.

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