EL CONTENIDO DE LA DENUNCIA PENDIENTE EN CASO SQM SALAR

Publicado en Jul 19, 2015

Sesenta y dos días han transcurrido desde la salida de Michel Jorratt de la direccción del Servicio de Impuestos Internos. Y ese mismo lapso es el que ha durado la indefinición en torno a una de sus últimas gestiones: la decisión de presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el caso SQM Salar, la arista que más complica a la Nueva Mayoría dentro de las investigaciones sobre platas políticas.

Una primera versión del texto de la denuncia se encontraba lista al momento de ser removido Jorratt. Sin embargo, en el documento faltaba un punto central: la incorporación de las empresas Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli (que recaudó dineros para lo que se ha llamado la «precampaña» presidencial del oficialismo), y Cristián Warner Comunicaciones, del periodista del mismo nombre y ex mano derecha de Marco Enríquez-Ominami. Cercanos a Jorratt afirman, sin embargo, que este ya había dado las instrucciones para incluirlas en la lista de beneficiados con pagos de Salar realizados sin justificación. Otras fuentes al interior del SII confirman esta versión.

«El Mercurio» accedió al borrador del texto original, un documento de siete páginas que debía dirigirse al fiscal nacional, Sabas Chahuán, interponiendo denuncia criminal por el delito previsto en el número 4 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona a quienes presenten «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda… o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de los impuestos». En el caso específico de Salar, «el delito se cometió cuando los denunciados registraron e incorporaron como gastos en sus declaraciones impositivas boletas de honorarios y facturas falsas, con el propósito de reducir indebida y deliberadamente su recaudación tributaria».

Los denunciados

Según el texto, la acción debe dirigirse de modo expreso en contra del actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac; su antecesor en el cargo, Patricio Contesse, y el vicepresidente de Finanzas, Ricardo Ramos, en su calidad de representantes legales de SQM Salar, como autores del delito referido, pero también «en contra de todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores». Para todos ellos, el borrador de la denuncia pide que, tras la respectiva investigación y formalización, se les condene «al máximo de las penas» previstas en la ley, que considera una sanción de presidio menor en su grado medio a máximo.

«Ningún antecedente que haga verosímil la prestación del servicio»

El documento incluye dos listas, de personas y de sociedades, respectivamente, que emitieron boletas a Salar, que ésta a su vez registró como gastos, pero respecto de las cuales «no se acompañó ningún antecedente que haga verosímil la prestación del servicio correspondiente». Respecto de todos estos involucrados se señala que «este servicio ejercerá oportunamente las acciones legales correspondientes», considerando el mérito de los antecedentes que arroje la investigación y los criterios de gravedad y reiteración de la conducta, perjuicio fiscal y efecto ejemplarizador.

La lista de personas naturales incluye a 14 contribuyentes, quienes en conjunto recibieron pagos por $119.708.192 entre 2009 y 2013. Se trata de Carlos Tudela García, hijo del ex embajador DC y asesor legislativo Carlos Tudela Aroca ($12 millones); el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz ($2 millones 700 mil); la periodista Consuelo Lefno, quien fue asesora en la Subsecretaría de Desarrollo Regional durante el gobierno de Sebastián Piñera ($5 millones); la fotógrafa y diseñadora Constanza Lefno, quien según su currículo de ha realizado trabajos para la UDI ($10 millones); el abogado Cristián Salazar ($5 millones), funcionario de Capredena entre 2008 y 2012; el ex candidato a diputado RN Cristóbal Urruticoechea ($17 millones 100 mil); el abogado Enrique Gillmore ($10 millones), quien ha prestado asesorías a candidaturas UDI; el abogado Gabriel Jiménez, ex asesor de la subsecretaría de Economía en el gobierno anterior ($10 millones); Héctor Aceituno ($6 millones); José Ignacio Velasco ($10 millones); Juan Carlos Salgado ($6 millones); Macarena Pye ($10 millones); Marco Antonio Ramírez ($5 millones 908 mil) y el ex concejal UDI por La Pintana Rodrigo Arellano ($10 millones).

En cuanto a las personas jurídicas, el monto más alto corresponde a la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, que dirige el activista ambiental Patricio Rodrigo ($57 millones), quien ha afirmado que la suma corresponde a un conjunto de charlas dictadas por esa entidad y pagadas por Salar. Esto, junto con desmentir al ex tesorero PPD Luis Matte, el que aseguró que los dineros correspondían a un aporte para ese partido. En la nómina también aparece Asesorías IMBC Limitada ($35 millones), cuyo representante legal es Jorge Maximiliano José Bussenius, quien figuró como administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von baer en Valdivia hasta septiembre de 2013; Inversiones Normandía ($5 millones 861 mil 40), y Servicios de Visión y Gestión Estratégica, de Carlos Tudela y sus hijos ($3 millones).

Por qué no están Martelli y Warner

Las dos listas se elaboraron a partir de la rectificación de sus declaraciones tributarias realizada por SQM Salar luego de una solicitud presentada el 17 de abril de 2015 ante la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII. En esa época, distintos portales electrónicos informaron de supuestas presiones para que la firma no incluyera en su listado a AyN y a la firma de Cristián Warner. Como sea, el hecho es que en un primer momento la rectificación no habría considerado a estas dos empresas y esa es precisamente la razón por la cual no aparecen en el texto de la denuncia a que accedió «El Mercurio». Sin embargo, finalmente sí fueron incluidos por Salar en su presentación, ante lo cual Jorratt encargó al Departamento Jurídico incorporarlas a la denuncia que se presentaría. Un documento que hasta hoy sigue esperando.

Fuente: Economía y Negocios Online, El Mercurio.19 de julio de 2015. Por Margaret Valenzuela.