El socio de Bustos y Cía, Claudio Bustos, argumenta que una solución sería de frentón eliminar el régimen de atribución de rentas, ya que “en términos generales se sabe” que los contribuyentes optarán “mayoritariamente” por integración parcial.
“La coexistencia de los dos regímenes, independientemente de los matices que puedan introducirse por la vía legal o administrativa, hará muy compleja y costosa la operatividad de los mismos para las empresas”, advierte.
El socio de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez, señala que “el” problema del proyecto es la existencia de los dos regímenes y propone desintegrar al actual sistema entre impuestos a empresas, por una parte, y un gravamen a los retiros, por el otro. “La medida legal que corresponde es optar por un solo sistema, que sea entendido y simple tanto para contribuyentes nacionales como internacionales”.
El socio del Área Legal y Tributaria de PwC, Luis Avello, propone eliminar el sistema de renta atribuida, dejando un solo sistema de tributación con una tasa corporativa de 27%, pero con una tributación máxima de 35%. “Para compensar eventuales bajas en recaudación, el gobierno podría pensar en adelantar el alza de la tasa de Primera Categoría, que debe llegar a 27% en 2018”, plantea.
Punto que apoya la socia de BC Abogados, Paola Cabezas, quien señala que algunos contribuyentes “prefieren” adelantar a 2016 la entrada en vigencia de la tasa del 27% en Primera Categoría, pero con la condición de mantener un sólo sistema. “Algunos preferirían pagar más antes que entrar en el caos de dos sistemas paralelos”.
La socia de Fuensalida y Del Valle, Carolina Fuensalida, sugiere que se “amplíe” la vigencia del sistema transitorio que rige los años 2015 y 2016 y citar a una comisión de expertos que aborde, en un plazo más extendido, un nuevo sistema de tributación único, con una tasa corporativa de hasta 25%. “El gobierno ha dicho que debe dar señales de reactivación de la economía. Y una tasa corporativa del 25% apunta más en ese sentido”, asegura.
Punto en el que coincide el socio de AVL Abogados, Christian Aste, para quien debe “prorrogarse” el actual sistema con una tasa del 25% y que el gobierno se abra a discutir con los equipos técnicos de los gremios un sistema “nuevo, que conjugue los objetivos de recaudación, ahorro, inversión y simplicidad”.
El socio de Guerrero Olivos, Sebastián Guerrero, plantea que debería “modificarse” la gradualidad de la reforma, estableciendo un tributo de 25% de manera “permanente” para ambos sistemas. “Debe eliminarse la renta atribuida, que es la causa principal de la complejidad de la reforma. Si se insiste en su mantención, es conveniente que el sistema de renta atribuida se limite sólo a sociedades formadas por personas naturales que no tengan filiales”.
El socio de AK Contadores, Patricio Gana, apunta a reducir los plazos para que una empresa migre de sistemas. “El ritmo de negocios hoy no permite esperar cinco años para cambiar”, advierte.
El “otro” flanco abierto
Para el asesor tributario de García, Magliona & Cía, Nicolás Alegría, un punto a analizar es una eventual eliminación de la “discriminación” entre el inversionista chileno y los extranjeros que residen en un país con tratado de doble tributación.
Tópico en el que coincide el abogado de RSM Chile Auditores, Cristián González. “Este es un tema que debe ser tratado en una reforma legal y no sólo a través de interpretaciones administrativas”.
Mientras que Hugo Hurtado, de Deloitte, plantea que la ley es “manifiestamente injusta” en este tópico.
“A mi juicio, este tema no puede corregirse por vía administrativa sino que es materia de ley, conforme lo establece nuestra Constitución”.
Fuente: Diario Financiero (extracto). 8 de julio de 2015. Por Sebastián Valdenegro.
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