No se sabe si fue por iniciativa de Jorratt o de Vargas, pero ambos concordaron que el SII debía retomar la acción penal y perseguir a los grandes evasores con el objeto de reducir la evasión.
Un testigo de esas conversaciones explica que “nuestra apreciación era que había una industria de la evasión formada por consultores y estudios jurídicos. Había muchas planificaciones burdas y el SII no actuaba, pese a que constituían delitos. Se acordó con el director (Jorratt) buscar delitos tributarios más complejos y que afectaran a grandes evasores. Eso iba a producir una sensación de mayor riesgo y control, lo que traería como consecuencia la reducción de la evasión”.
En ese marco, surgió la denuncia contra los hermanos Maxo y Alberto Calderón el 6 de mayo de 2014. Este caso reunía características que encajaban perfectamente en la nueva política del SII: se trataba de un gran contribuyente, que ocupaba regímenes especiales y utilizaba planificación tributaria. Luego de los Calderón vendrían las querellas en noviembre contra seis empresas vinculadas a la familia de Francisco Javier Errázuriz y, en diciembre, contra la familia Ossandón.
Y en medio de ellas se llegó al caso Penta, que además fortalecía los planteamientos de la Reforma Tributaria. La evaluación que primó en la subdirección Jurídica fue que “Penta enganchaba bien con esta estrategia que se había diseñado. El nivel de prácticas irregulares de ese caso demuestra que había habido falta de fiscalización en los últimos seis años. Esa crítica se levantó al interior del SII desde Jurídica a Fiscalización”.
Fuente: El Mostrador (extracto). 15 de julio de 2015. Por Sandra Radic.
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