Justo el fin de semana recién pasado se cumplió un año desde la promulgación de la reforma tributaria del Gobierno, que introdujo cambios mayores al sistema impositivo chileno, siendo uno de ellos la creación de una norma general antielusión que entra a regir este miércoles 30 de septiembre y que establece un marco que permite revisar casos de contribuyentes que puedan tener «planificación tributaria agresiva» a fin de eludir el pago de impuestos. Si dicha norma tiene un «padre», este es Francisco Saffie, quien fue asesor de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda entre mayo de 2014 y agosto de este año y participó activamente en la redacción de la cláusula. Tras dejar la cartera, se rumoreó que se fue molesto dado que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había empezado un proceso de ajustes al proyecto de ley aprobado en 2014, situación que niega tajantemente. «Sigo teniendo relaciones con el ministerio y estoy disponible cada vez que me contacten para ayudarlos en lo que estimen conveniente. Decidí privilegiar mis labores académicas y para eso me pareció más responsable terminar con el vínculo laboral, porque estoy dedicándole más tiempo a la universidad», dice respecto de sus actividades en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde además es director del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. En esta entrevista, la primera tras dejar la cartera, Saffie habla de la conducción del trámite del proyecto y de los ajustes que se hicieron en el camino, advirtiendo que existieron presiones políticas y empresariales para detener los cambios al sistema que se quisieron llevar a cabo.
-¿Cómo evalúa el proceso de ajustes a la reforma que anunció el ministro Valdés?
«Supongo que nos deberíamos acostumbrar a que todos los sistemas tributarios varían conforme varía la voluntad y las decisiones políticas de algún determinado momento. Esas decisiones políticas van cambiando en la medida que pasa el tiempo, y lo que un buen político tiene que hacer es ajustarse a esas necesidades del tiempo».
-Pero los cambios anunciados por el ministro Valdés se harán porque algunos actores señalan que ciertos aspectos de la reforma son inaplicables.
«Hay que hacer dos distinciones. La primera es buscar entender cuál es la función que buscaba cumplir el sistema atribuido. En ese sentido, es importante entender que el sistema atribuido lo que buscaba era entregar equidad al sistema tributario, manteniendo los principios económicos que subyacían en la legislación tributaria hasta la fecha. Era un sistema que mantenía la integración 100%, no tenía un impuesto especial a las empresas, sino que el impuesto de primera categoría seguía siendo un adelanto al impuesto a las personas naturales que tenían que pagar a final de año y en ese sentido había una idea interesante en el sistema atribuido que había que defender y que es políticamente valiosa».
«Ahora bien, ¿el sistema atribuido era un sistema perfecto sobre su aplicación? Era algo que evidentemente estaba sujeto a revisión y que se fue haciendo a medida que se fueron aplicando alcances particulares que complejizaban el sistema. En ese sentido, evidentemente requería algunos ajustes. No creo que fuera un sistema inaplicable»
-¿Se podrían haber hecho ajustes al sistema atribuido?
«La introducción del sistema semiintegrado en el protocolo introdujo modificaciones que en principio no estaban contempladas para el atribuido, entonces lo que se necesitaba era mayor especificación de la interrelación de esos dos sistemas, y eso se podría haber realizado con tiempo y con calma, pero depende también de las voluntades políticas del momento».
-¿Las adecuaciones son necesarias?
«Una cosa es política y otra es técnica. Técnicamente uno siempre puede pensar que es necesario hacer modificaciones a los sistemas».
-¿Y políticamente?
«Políticamente, lo que surgió son circunstancias que hacen que se vuelvan a pensar ciertas cosas. La presión de los gremios empresariales, la presión de las críticas a un sistema que ni siquiera habíamos visto si funcionaba o no, instaló la idea de que no funcionaba. Evidentemente, esa presión hace que se introduzcan cambios».
-¿No genera incertidumbre cambiar una ley de esta magnitud?
«Mientras el sistema no haya entrado en vigencia, no creo que se vaya a generar un mayor problema en ese sentido. Evidentemente, estar cambiando un sistema cuando ya está vigente es distinto y genera problema, pero este sistema no va a entrar en vigencia hasta en tres años más».
-En términos de equidad, ¿el sistema semiintegrado es ideal?
«Evidentemente, tener menor crédito y aumentar la tasa lo que hace es aumentar la recaudación, y en ese sentido aumenta la equidad económica, pero no hay equidad política, porque no hay equiparidad en el trato de cuándo se pagan los impuestos, todavía puedes diferir el pago de los impuestos y no estás tributando al mismo tiempo el trabajo y el capital».
-¿Cree que el semiintegrado es el sistema que perdurará en Chile en los próximos 20 años?
«En términos personales, mi opinión es que no, porque no resuelve los problemas de equidad que se buscó resolver en el sistema de impuesto a la renta. Mientras se vuelva más fuerte la conexión que existe entre un sistema tributario y decisiones políticas, esto va a seguir siendo un tema abierto».
«Anteriormente estábamos acostumbrados a que esto fuera una cuestión técnica, alejada de lo político. Ahora estamos viendo que en el sistema tributario se diseñan varias cosas políticas que van de la mano con el tipo de sociedad en que queremos vivir».
-Si el sistema hubiese estado bien diseñado, ¿no cree que a la fecha ya estaría zanjado, sin espacios para perfeccionamientos?
«El cambio sustantivo que había detrás de la reforma tributaria era políticamente tan importante que iba a seguir generando discusión. Se instaló la idea de que era técnicamente imperfecto, pero para justificar una presión política, para evitar el cambio. Hay gente que está cómoda con pagar menos impuestos. Uno siempre puede discutir si está bien o mal diseñado, pero si existe la voluntad de que se realice, se puede cambiar. Lo que hay detrás de las críticas es el intento de echar eso abajo y que volvamos al sistema antiguo».
Sobre la norma antielusión: «No veo ninguna razón para que se postergue su entrada en vigencia»
-Las auditoras salieron a pedir que se postergara la entrada en vigencia de la norma general antielusión, acusando incertidumbre ¿Qué le parece la crítica?
«No veo ninguna razón para que se postergue. No veo cuál sería el argumento. Hasta donde yo entiendo, la voluntad del ministro Valdés es no modificar la cláusula general antielusión. Si uno quiere interpretar correctamente las circulares del SII, no existe tal incertidumbre que se dice que podría existir. Son claras respecto de la aplicación, respecto de la vigencia y los casos que se incluyen. Lo que pasa es que se trata de conceptos jurídicamente abiertos que son esencialmente discutibles, pero se han tomado todas las estructuras formales para evitar la incertidumbre en la aplicación».
«La cláusula lo que está diciendo es: la ley se aplica igual para todos, y en este sentido lo que hace es introducir un cambio importante en la forma en que se entiende y se aplica el derecho tributario en Chile. Este es el mayor cambio que introduce, un cambio cultural importante».
Fuente: Economía y Negocios Online. 28 de septiembre de 2015. Por Mariana Penaforte.
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