La presión sobre Julio Ponce sigue aumentando. Desde que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo sancionara con US$70 millones por su participación en el caso Cascada, se han abierto una serie de flancos que hoy lo tienen en el ojo del huracán. A un año exacto desde la histórica resolución del regulador del mercado, sus sociedades informaron el martes la decisión del SII de cobrar impuestos por $78.225 millones por las mismas transacciones que en el oficio de multa fueron cuestionadas.
La resolución del SII señala que la sanción de la SVS interpreta que las transacciones cuestionadas fueron concertadas en el marco del esquema, por lo que no se pueden considerar que fueron realizadas por bolsa, pues su espíritu dista de aquello que el legislador buscaba fomentar a la hora de eximir del impuesto a las ganancias de capital a las acciones con presencia bursátil, por lo que dicha exención tributaria no es aplicable para las operaciones realizadas sobre las acciones SQM y Calichera.
La estrategia, implicaría primero presentar un recurso de reclamación, el que en caso de ser rechazado por el SII obligaría a las sociedades a apelar en los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Fuentes consultadas señalan que el argumento del SII no cuestiona el cumplimiento de las normativas ni leyes, sino que los reconoce, pero que basar su decisión en el “espíritu” de las transacciones abre una línea de defensa.
Cercanos a Ponce estiman que la decisión, inédita recalcan, es política, pues no se están cuestionando aspectos técnicos.
Con todo, no sólo al interior de la cascada hay preocupación, sino que también entre sus accionistas.
Algunos apuntan que es un precedente que el SII pueda determinar que una transacción en bolsa, que cumple con la formalidad, pague o no impuestos; mientras otros señalan que la incertidumbre jurídica respecto de un beneficio tributario que el SII está denegando a pesar del cumplimiento normativo.
Fuente: Pulso (extracto). 03 de septiembre de 2015. Por Maximiliano Villena.
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