SII SE QUERELLA EN CASO SQM SALAR

Publicado en Sep 23, 2015

SQM Salar, filial de la minera, estaba en la mira del Ministerio Público hace meses por su eventual vinculación con el financiamiento irregular de campañas políticas, pero Impuestos Internos (SII) -desde mayo hasta agosto con un director subrogante- no decidía si ejercer o no acción penal. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, en la víspera de solicitar una masiva audiencia de formalización, que incluía estos hechos, interpeló públicamente al organismo fiscalizador: sin denuncia o querella, la investigación no podía continuar.

El SII no accionó penalmente y el 14 de septiembre Chahuán debió formular cargos contra Giorgio Martelli, recaudador de fondos para candidaturas del oficialismo, por delitos del Código Penal y no tributarios.

Solo ayer el SII se querelló por la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La presentación, eso sí, no solo iba dirigida contra Martelli, sino también contra Cristián Warner, ex secretario del PRO y estrecho colaborador de Marco Enríquez-Ominami en sus campañas de 2009 y 2013, y otros dos contribuyentes: Patricio Rodrigo, representante legal de la Corporación para la Conservación y la Preservación del Medio Ambiente y Carlos Tudela García, hijo del ex embajador DC Carlos Tudela Aroca (ver recuadro).

Los pagos realizado por SQM Salar a las empresas Asesorías y Negocios SpA (AyN) y Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing E.I.R.L., de Martelli y Warner, respectivamente, superan los $600 millones, consigna la acción.

Nuevo «estilo» en SII

En el documento se detallan las boletas y facturas, montos comprometidos y el perjuicio fiscal, además de mencionarse -aunque la querella no esté dirigida contra ellos- a otras empresas y personas naturales, como es habitual.

Sin embargo, esta vez el SII reemplazó el tradicional párrafo «y contra quienes resulten responsables» por una expresión que pareciera buscar fijar claramente los alcances de su presentación respecto de la habilitación que otorga a la Fiscalía.

«(Esta) se dirige única y exclusivamente contra las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose solo a los hechos que en su texto se detallan», por tanto, «la habilitación que conceda la presente acción penal para que el Ministerio Público inicie una investigación por delitos tributarios no se extiende a otras personas o a otros hechos que pudiesen aparecer durante la investigación penal», se lee en las primeras páginas de la querella.

Las facturas de AyN

Según los antecedentes reunidos por el SII, AyN emitió 23 facturas a Salar, entre enero de 2012 y octubre de 2013, por montos que van desde los $8 a los $25 millones. En total, $245 millones 999 mil.

Para el organismo la sociedad de Martelli «no logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de servicios», lo que queda corroborado con la declaración del propio Martelli.

«(…) Revisados los informes entregados a este servicio, se ha podido constatar la existencia de antecedentes que ponen en duda la veracidad de lo declarado, como incongruencias entre las fechas de emisión de los informes y la ocurrencia de los hechos de los cuales dan cuenta», reseña la acción. Por ejemplo, explica el SII, «puede señalarse que el informe correspondiente al mes de marzo de 2012 contiene noticias que fueron publicadas en el mes de octubre de 2013».

Por estos hechos, Impuestos Internos atribuye la comisión de delitos tributarios al representante legal de Salar -en esos años, el ex gerente general Patricio Contesse, ya formalizado- y a quien emite la documentación: Martelli. En el primer caso se imputa el delito de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas; en el segundo, la facilitación de facturas ideológicamente falsas, puntualiza el SII.

El caso de Warner

La misma situación que Martelli enfrenta Wagner. El ex asesor de ME-O -de acuerdo con las informaciones recabas por el SII- emitió 34 facturas a Salar, entre marzo de 2011 y diciembre de 2013, por $362 millones 600 mil.

Este, en opinión del SII, tampoco logró acreditar los trabajos que realizó para la filial, y ello se corrobora con la declaración que prestó ante el mismo organismo el 10 de junio. En ella dijo que los servicios que prestó a Salar consistían en una asesoría comunicacional, que incluía análisis, sugerencias, consejos publicitarios, entre otros.

No obstante, advierte el organismo, «revisada la documentación aportada por el señor Warner, ha podido constatarse que el contenido de los informes no coincide con lo señalado por este, toda vez que únicamente incluyen resúmenes de hechos noticiosos publicados por medios de circulación nacional (…) sin realizar ningún análisis de los mismos».

A lo anterior se agrega que la misma Salar rectificó estos pagos ante el SII el 17 de abril pasado, por estimar que se trataba de desembolsos no necesarios para producir renta. También que tanto el actual gerente general, Patricio de Solminihac, como el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos, declararon desconocer a estos proveedores.

En total, las boletas de honorarios y facturas falsas facilitadas por los cinco querellados provocaron un perjuicio fiscal que supera los $309 millones, según los cálculos realizados por el SII.

Fuente: Economía y Negocios Online. 23 de septiembre de 2015. Por Andrea Chaparro.