El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Paraje, junto a la ex directora del Senda, Lidia Amarales, y la coordinadora de Chile Libre de Tabaco, Sonia Covarrubias, cuestionaron un cambio introducido en el proyecto de simplificación de la Reforma Tributaria que abriría espacio para que las tabacaleras puedan influir en los procesos de trazabilidad de sus productos, claves para impedir el contrabando y la evasión de impuestos de la industria.
En el marco de un evento organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, Paraje explicó que la Reforma Tributaria promulgada en 2014 introdujo la trazabilidad de los productos tabacaleros, para lo cual Hacienda dictó un reglamento en enero de 2015 diciendo explícitamente que la empresa proveedora del sistema de trazabilidad no puede estar relacionada con el contribuyente, es decir, con las tabacaleras. Esta resolución siguió su curso, ingresando a la Contraloría de la República en septiembre de 2015 para que el servicio de proveer el sistema de trazabilidad pudiese ser licitado a un tercero, pero sorpresivamente, dos semanas después, la resolución fue retirada.
“En el proyecto de simplificación de la Reforma Tributaria, uno de los artículos dice: los sistemas de trazabilidad implementados por las empresas o por el Servicio de Impuestos Internos (SII ) podrán ser contratados por el SII o por los contribuyentes. Es decir, aquí se está abriendo la puerta para que las tabacaleras instalen sus sistemas de trazabilidad”, acusó Paraje.
El asesor de Hacienda, Rodrigo Ajenjo, presente en el evento, aclaró que en la ley la responsabilidad de la trazabilidad aparece como que será del SII “o” de las tabacaleras, porque el artículo es para muchos productos afectos a impuestos específicos, no sólo el tabaco, pero que “hay reglamentos que van a especificar cuáles son las características operativas y técnicas de cada uno de los sistemas de trazabilidad para el tabaco”, por lo que no será determinado por las tabacaleras de forma antojadiza. Agregó que la idea es que la potestad de contratación de los servicios de trazabilidad quede en el SII, es decir, sea este organismo quien defina por licitación pública cuál será la firma proveedora de éste servicio y que se establecerán nuevas formas de trazar, no solo vía marcaciones.
Sin embargo, Paraje rebatió que lo ideal sería que las tabacaleras no participaran de ninguna forma en el proceso. Mientras, Amaral recalcó que “el tabaco no puede estar dentro de la norma con otras industrias. Vemos una industria que es totalmente diferente, es el único producto que mata a las personas. Por ende, tiene que estar separado“.
Con todo, Ajenjo admitió que se podría revisar una perfección al respecto. “No es la idea que quede en las manos de las tabacaleras, sino de la autoridad tributaria (…) Eso tendrá que verse en la discusión (legislativa), es un punto válido a revisar”, aclaró.
Fuente: Pulso. 14 de enero de 2016. Por Lucy Aravena.
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