ABOGADOS CUESTIONAN QUERELLAS DEL SII
Ha sido un argumento que han utilizado las defensas de algunos de los acusados en los casos Penta y SQM. Acusan desigualdad en el trato a sus defendidos y que los delitos que se les imputan no llevan realmente a ninguna pena. Y, en algunos casos, no dejan de tener razón.
Ha sido algo que también se ha comentado entre los fiscales que comandan la investigación por los aportes irregulares de grandes empresas a la política. De hecho, si se comparan las primeras querellas que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace un año –cuando recién se iniciaba el vendaval del caso Penta–, con las últimas ingresadas por el organismo a la Justicia, se percibe una diferencia abismal.
“Antes las querellas eran completas, bien hechas, ahora están mucho más débiles”, comenta una fuente que participa del caso y a quien le han sorprendido las últimas acciones legales presentadas por el SII. Al interior del organismo encargado de perseguir los delitos tributarios comentan que el cambio empezó a notarse con la aparición en el escándalo de la empresa SQM y los pagos fuera de norma a personeros ligados al oficialismo.
Cuando el recaudador de la Concertación, Giorgio Martelli, irrumpió en el tablero –luego que El Mostrador publicara que su sociedad Asesorías y Negocios (AyN) había recibido fondos de SQM–, ese proceso se aceleró aún más, indican al interior del SII. Hasta entonces, lo habitual era que el equipo de la Oficina de Litigación Penal fuera el encargado de recopilar antecedentes y preparar y redactar las acciones judiciales, sin embargo, desde que estalló la arista SQM han sido otros los que asumieron esa labor.
Fuentes internas del SII confidencian que el jefe del Departamento de Defensa Judicial, Andrés Vio, comenzó a comandar todo lo relacionado con querellas y denuncias, desplazando a los abogados que habitualmente realizaban esa labor. Esto, a la par con la creciente preocupación en el Congreso y La Moneda por las esquirlas del escándalo que ya comenzaban a dañar la imagen de todo el espectro político.
Vio es un hombre cercano a Gonzalo Torres, el ex subdirector jurídico que fue acusado por Marisa Navarrete –ex abogada del SII– de intentar frenar la denuncia por el fraude al FUT, la que vino a destapar meses después el caso Penta. Torres fue quien lo instaló como jefe de Defensa Judicial a mediados de 2013.
Además de hacerse cargo de la supervisión de las acciones judiciales relacionadas con SQM, Andrés Vio fue también el que firmó la rectificación de la querella del 9 de enero, la primera que aludió a la productora de litio, y que en un inicio le permitía a la Fiscalía incautar toda la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014, pero que tras la corrección redujo el periodo a solo julio de 2009.
Esa misma querella habría sido la que desató la furia del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, según han confidenciado luego de salir de sus cargos las ex autoridades del SII, Michel Jorratt y Cristián Vargas. De hecho, el fiscal a cargo en ese entonces de la causa, Carlos Gajardo, recibió un mail desde la Fiscalía Oriente solicitándole respetar los plazos corregidos del Servicio.
Querellas cuestionadas
Aunque, desde que el SII rectificó la primera querella que involucró a SQM –la del 9 de enero–, ha sido cuestionado el accionar del organismo, es con las dos últimas acciones judiciales presentadas –la querella contra Giorgio Martelli el 11 de mayo y la querella contra Claudio Eguiluz del 30 de julio– que ese cuestionamiento se tornóvox pópuli entre los abogados involucrados en la causa.
La querella contra Martelli solo consideró los movimientos tributarios efectuados entre 2009 y 2010 para allegar recursos a la fallida campaña presidencial de Eduardo Frei, sin incluir la trama protagonizada por Asesorías y Negocios durante la precampaña de la actual Presidenta Michelle Bachelet.
Son seis las facturas cuestionadas que se emitieron entre 2009 y 2010. Según fuentes del proceso, cinco de esas facturas están prescritas, y sobre la sexta pesa una semiprescripción. Eso significa que se consideran dos o más circunstancias atenuantes. La pena contemplada por facilitar boletas falsas es de 541 días a 3 años. La primera atenuante baja la posible pena a un rango que oscila entre los 61 a 540 días de condena, y la segunda reduce el castigo a 41 a 60 días. “Una pena comparable a un hurto en un supermercado”, señala alguien que ha conocido de cerca la trama del caso SQM.La acción judicial acusa a Martelli de haberse puesto de acuerdo con Clara Bensan para facilitar boletas falsas a SQM. Los cargos que se le imputan son como facilitador de boletas falsas e infracción a la Ley de Donaciones. El problema radica en las facturas incluidas en el escrito.
Aunque todos los abogados consultados coinciden en que la mayor parte de las facturas imputadas a Martelli están prescritas, hay quienes puntualizan que ello será determinado “según la teoría del juez” que revise la causa. Esto, porque “los jueces interpretan las reglas de prescripción conforme a la teoría de la manifestación de voluntad o de resultado”.
Es decir, que el juez podrá determinar desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción: si desde que Martelli decide cometer el delito o desde que se aprecia el resultado. Por ejemplo, en la declaración de impuestos correspondientes.
El mismo día en que el SII se querelló contra Giorgio Martelli –11 de mayo–, lo hizo también contra el UDI Jovino Novoa. En ambos casos se incluyó por primera vez la infracción al artículo 64 de la Ley de Donaciones, una imputación que no lleva a ninguna parte, ya que hay un enredo legal sobre la pena asociada a ella.
El mentado artículo 64 fue redactado el año 2000 y señala que quienes burlen la norma serán sancionados con las penas establecidas en el N°4 del artículo 97 del Código Tributario, artículo que el año 2000 contemplaba un solo delito tributario, pero que en 2001 fue modificado y se le agregaron tres delitos distintos. Abogados litigantes en la causa coinciden en que eso es un error grave, ya que el juez no sabría qué pena aplicar, por lo que se la considera una ley penal “en blanco”, la que “infringe el principio de legalidad”, comenta un penalista.
El gran beneficiado con este “error” sería el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, contra quien el SII presentó una querella el 30 de julio acusándolo solo por infringir la Ley de Donaciones, una ley que –como ya se revisó más arriba– no tiene penas concretas aplicables.
Y aunque a Eguiluz la investigación del Ministerio Público lo apunta por haber totalizado $570 millones gracias a boletas y facturas falsas emitidas por él y por funcionarios de su confianza a SQM, el SII no consideró en la acción judicial en su contra los delitos tributarios de emisión y facilitación de boletas falsas. Cargos que sí incluyó en la querella contra Jovino Novoa.
Estas últimas acciones judiciales han llevado a varios litigantes del proceso a plantear que “la mano del SII se puso más blanda” y que lo que busca el organismo es bajarle la temperatura al caso de las platas políticas, debido al escozor que este causa entre la elite dirigente.
¿Y SQM Salar?
Desde el SII han dicho que siguen investigando. Pero hasta la fecha no se ha presentado querella alguna contra Salar, la filial de SQM que entregó $246 millones a Asesorías y Negocios, la sociedad de Giorgio Martelli encargada de financiar la precampaña de la Presidenta Bachelet.
En la Fiscalía han comentado que hasta ahora todo lo relacionado con Salar es intocable debido a la ausencia de querella o denuncia por parte del SII. Esta arista de la causa involucra, además de Martelli, a los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, amén del propio ex director del Servicio, Michel Jorratt, y todos quienes recibieron recursos desde AyN.
Antes de ser destituido del cargo, Jorratt dejó sobre su escritorio una querella en contra de Salar. Según consignó El Mercurio, esa querella estaba dirigida contra el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, también contra quien antecedió a este en el cargo, Patricio Contesse, y contra el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Ricardo Ramos. Todos por haber sido representantes legales de Salar.
También se incluían los pagos realizados a AyN y a Cristián Warner Comunicaciones, propiedad del ex mano derecha del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. El listado incluía a otros contribuyentes que recibieron recursos de la minera sin tener trabajo que los respalden: Claudio Eguiluz, Carlos Tudela hijo (vinculado a la DC), la periodista Consuelo Lefno (Fundación Jaime Guzmán), la fotógrafa Constanza Lefno, el abogado Cristián Salazar y el ex candidato a diputado de RN Cristóbal Urruticoechea.
Una ex autoridad del SII considera que los últimos hechos han venido a ensuciar el prestigio del organismo. “Donde uno mire es bastante claro, aquí encontraron una veta para darle a la derecha, pero cuando aparecieron otros actores y se actúa distinto, es evidente que aquí hay una utilización política del tema. El actuar ha sido político. Yo no veo diferencias sustanciales entre las boletas de SQM y las de Penta”, plantea.
Fuente: El Mostrador. 31 de agosto de 2015. Por Nicolás Sepúlveda.
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