La posibilidad de que los exámenes médicos de imágenes, tales como radiografías, escáneres, ecografías o resonancias magnéticas, anunciada y luego puesta en revisión por el Servicio de Impuestos Internos (SII), abrió un amplio debate sobre la pertinencia de la medida.
Los cuestionamientos se centran en que gravar con IVA estas pruebas -medida que según el propio SII tiene como objetivo aumentar la recaudación fiscal- iría en una dirección opuesta a las ideas del Gobierno en la materia, que en líneas gruesas pretenden mejorar el acceso de la población a la salud, pues se aumenta el precio de los exámenes que permiten las confirmaciones diagnósticas.
Sin embargo, aún persiste la duda respecto de cuánto dinero adicional podría recaudar anualmente el fisco, de aplicarse la medida. El archivo maestro de las isapres, que maneja la Superintendencia de Salud, permite aproximar un cálculo.
Así, en 2014 el gasto total por el concepto de exámenes de imágenes fue de US$ 315,4 millones. El 62,4% de esa suma fue cubierto por las isapres, y el resto (37,6%) salió directamente de los bolsillos de los usuarios.
Expertos consultados por este diario calculan que el precio de los exámenes subiría en alrededor de 10 de los 19 puntos que corresponden al IVA, por efecto de los descuentos que deben hacerse, ya que los exámenes están exentos del pago de este impuesto hasta el monto de cobertura que entrega Fonasa en el nivel 3. Por la cantidad que supere ese valor máximo, los exámenes deben pagar el 100% del impuesto. Y, además, existen insumos para estas pruebas que pueden estar exentos de pago.
Si se considera el promedio de aumento de uso de este tipo de exámenes de los últimos siete años (2,94%) y se calcula nuevamente la cifra, el gasto total en este tipo de pruebas crecería a US$ 357,2 millones. Y de esa cifra, US$ 32,4 millones corresponderían a la mayor recaudación que obtendría el Estado (ver infografía).
«Efectos insospechados»
Para el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, «esto puede tener efectos insospechados, como que el plan de salud que está diseñando el Gobierno tenga que ser mucho más caro, que los planes de las isapres suban». Según el especialista, «es una medida extemporánea y contradictoria, cuando estamos en un Gobierno que habla de equidad y de disminuir el gasto de bolsillo».
Otra visión la aporta el presidente de la Sociedad Chilena de Radiología, Pablo Soffia, quien explica que «se intenta gravar los exámenes de imágenes, que no tienen ningún valor sin la interpretación profesional, que está exenta de IVA, como todos los servicios profesionales de este país».
En la misma línea, el director del Instituto de Políticas Públicas de la U. San Sebastián y ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, explica que «uno podría decir que muchos de estos procedimientos están automatizados, son hechos por máquinas, pero lo que aquí se hacen son informes por profesionales, no productos». Añade que habría otro problema: «Se está anteponiendo la interpretación que hace el SII en una circular a una serie de leyes, al Código Sanitario».
Para Mañalich, «es una desprolijidad muy grande (…) Es un impuesto que se va a traspasar a los pacientes y mi pronóstico es que hay tal unanimidad entre los sectores políticos de que esto es producto de una desprolijidad, que la probabilidad de que aplique es cero».
Fuente: El Mercurio Online. 17 de octubre de 2015. Por René Olivares y Nadia Cabello.
Comentarios recientes