Ominami apoya reforma tributaria de Piñera

Representantes de la entidad con ministro Larraín:
Fundación Chile 21 valora alza de impuestos y busca profundizarlas

Plantea vigencia inmediata de las medidas, tributación diferenciada a empresas y alza a bebidas alcohólicas.

Lina Castañeda

La Fundación Chile 21, centro de estudio de izquierda, valoró positivamente la propuesta del Gobierno para financiar el plan de reconstrucción y señaló que no hay razón para que el aumento del impuesto a las utilidades de las empresas pueda afectar el crecimiento.

No obstante, junto con destacar que la iniciativa es «técnicamente razonable y equilibrada», los representantes del think tank Carlos Ominami, Gonzalo Martner, María de los Ángeles Fernández y Eugenio Rivera presentaron ayer al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, un documento que contiene una serie de propuestas alternativas.

De acuerdo a sus cálculos, la carga tributaria en Chile -definida como el total de la recaudación incluidos los impuestos a la minería y la seguridad social- llegó en 2007 a 24,4% del PIB, por debajo del 36,2% que fue la mediana de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

1 Impuesto diferenciado

Abrir el debate para modificar el impuesto de 1ª categoría a las empresas, en la línea sugerida por Juan Villarzú. Esto es diferenciar la tasa base a aplicar, con un 10% para las pymes y 20% para el resto de las empresas; fijar un impuesto a las utilidades extraordinarias de todas las empresas (a excepción de las pymes), aplicado a las utilidades operacionales después de la depreciación, que exceda el 30% de los ingresos por ventas.

Establecer una tasa marginal de 30% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre 30% y 40% de las ventas; de 40% y 50% cuando las utilidades sean entre 40,1%, y el 50% o más de las ventas.

2 Eliminar el royalty

Según Chile 21, Chile no tiene un royalty en el sentido estricto, sino simplemente un impuesto específico a la minería, el que debería eliminarse si se adopta la iniciativa anterior porque ésta «vendría a terminar con la flagrante injusticia tributaria sectorial existente, donde el sector minero tiene un beneficio, el compromiso de invariabilidad tributaria, que no tiene ningún otro sector de la economía».

3 Bebidas alcohólicas

«No entendemos por qué el aumento al impuesto al tabaco no va acompañado de un aumento al impuesto específico a las bebidas alcohólicas. Son varios los estudios que sostienen que el consumo de ese tipo de bebidas es altamente nocivo. Existen, además, tasas diferenciadas que permiten una sintonía fina para evitar que se afecte a sectores productivos que fueron dañados por el terremoto», señala el documento.

4 No a venta de activos

La entidad considera innecesaria la venta de activos dado el mix de financiamiento que se ha propuesto. Advierte que no sólo implica eliminar una fuente de ingresos permanente, sino que puede causar problemas.

Sostiene que la mantención de las empresas de agua potable en manos del Estado permite asegurar que existe la capacidad pública de incidir en el manejo de un recurso que es estratégico. La eventual venta de la participación pública en Edelnor, más aún si se hace con la planta de GNL de Mejillones, puede dejar al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) con condiciones de competencia precarias en el mercado de generación.

La fundación rechaza las proposiciones de financiar la reconstrucción sólo sobre la base del endeudamiento. Por otra parte, plantea que recurrir al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para financiar la reconstrucción no evita que dichos fondos tengan que ser reintegrados para enfrentar en el futuro una eventual caída del precio del cobre.

Y en el caso de la venta de empresas o de participaciones de empresas, también debería ser reemplazado por ingresos tributarios permanentes, pues de lo contrario se genera una pérdida social permanente.

5 Evaluar transitoriedad

Por otra parte, la Fundación no comparte la transitoriedad de las medidas y considera necesario concordar un mecanismo que permita al menos que «la decisión definitiva se tome en 2012». Argumenta que el país sufre el efecto de un terremoto social de gran magnitud, que el bajo gasto público en salud y en educación son obstáculos muy grandes para avanzar en prestaciones de calidad y hacia una mayor equidad.

«Pensamos que contando con un plan agresivo de financiamiento y operando con eficiencia, en 30 meses podría culminarse el esfuerzo», señalan.

El Mercurio, 27 de abril de 2010.

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