Piñera propondra Impuestos contra Externalidades

Publicado en Jul 3, 2010

Gobierno diseña impuesto a contaminación de grandes fuentes que incluiría a termoeléctricas
«Está en etapa de elaboración», adelanta la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. El proyecto de ley ingresará como proyecto de ley no antes de fin de año, tendrá vigencia nacional y afectaría a las generadoras térmicas, entre otras grandes fuentes. Sobre HidroAysén, Benítez señala que «es un proyecto complejo»
Fue un lineamiento del programa de Sebastián Piñera en materia medioambiental: «Profundizaremos el principio de que ‘el que contamina paga’, incluyendo a todos los sectores de la actividad productiva del país», afirmaba en su documento de campaña. La idea fue reafirmada por el titular de Hacienda, Felipe Larraín, en febrero: «Hemos pensado en impuestos a los males: externalidades, polución, congestión…», señaló entonces en entrevista con La Tercera.

Hoy, a tres meses de su llegada a La Moneda, el gobierno busca cuál es la mejor fórmula para fijar un impuesto a la contaminación de grandes fuentes, adelanta la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. «Estamos viendo un impuesto a las emisiones a grandes fuentes. Estamos pensando en fuentes grandes, no sólo en las industrias, sino en las termoeléctricas y cosas de ese tipo (…) Está en etapa de elaboración», señala la secretaria del ramo, quien añade que es un tema «en estudio, que busca generar una ley marco». La razón, añade, es que éste es un instrumento económico de gestión ambiental que ha tenido buenos resultados en otros países.

Los detalles de dicho impuesto y cómo se aplicará, sin embargo, aún están en definición. «Es una fórmula bastante inédita, no está copiado de ninguna parte. Es un diseño para Chile», puntualiza Benítez, quien agrega que hay un grupo de economistas de la Conama trabajando en ello. De hecho, hay dos líneas de trabajo en torno a este tema: un estudio técnico, para ver la forma más eficiente de hacerlo, y un estudio jurídico, para buscar un mecanismo legalmente adecuado.

El impuesto a la contaminación de grandes fuentes tendría vigencia nacional y, adelanta la ministra Benítez, «no ingresará, como proyecto de ley, antes de fin de año».

NORMA PARA TERMOELÉCTRICAS

«No tenemos definido cómo se daría en el caso de las termoeléctricas», aclara la secretaria de Estado. Con todo, no habrá incompatibilidad entre el impuesto y la norma que apunta a reducir las emisiones contaminantes de las termoeléctricas, hoy en preparación. «Uno cumple la norma o paga el impuesto. La norma está mucho más avanzada», indica Benítez. Este anteproyecto, que fue elaborado en el gobierno pasado y generó críticas en el empresariado, será presentado al Consejo Consultivo de Conama, probablemente el próximo mes, para luego elaborar el proyecto definitivo.

-¿Van a flexibilizar el anteproyecto del gobierno pasado?

Queremos escuchar primero la opinión del Consejo Consultivo de Conama, que nos va a dar una visión amplia de cómo está el anteproyecto.

-Como está hoy, ¿su impacto en la industria es alto?

Sí, es bastante exigente. Es una de las más exigentes a nivel mundial.

TRIBUNAL AMBIENTAL Y TRAMITACIÓN

Uno de los mensajes de Piñera el 21 de mayo fue la creación de tribunales ambientales especializados. De composición mixta -abogados y expertos medioambientales-, el organismo verá las causas que la Superintendencia de Medio Ambiente sancione, tendrá competencia completa sobre el daño ambiental y dictaminará si hubo daño ambiental o no. «Viene a solucionar que las causas sean resueltas mucho más rápido (…) Este tribunal se refiere sólo al tema ambiental. Las indemnizaciones civiles quedan radicadas en los tribunales civiles. Aplicaría, por ejemplo, en un caso como Celco, en el sentido de cuantificar si hubo o no daño ambiental», explica la ministra. El proyecto de ley está en la Comisión de Constitución y Medio Ambiente del Senado y el Ejecutivo ya presentó sus indicaciones. «Estamos haciendo algunas exposiciones a los senadores para ponerle urgencia. Es una prioridad», asegura Benítez.

-Existe la sensación de que hay tardanza en la tramitación de los proyectos. ¿Cómo lo solucionarán?

Efectivamente, hay algunos retrasos que se deben no sólo a la parte de la administración. Cada vez que el titular pide suspensión de plazos, (éstos) también se van sumando a lo que es la tramitación total. Hay visiones de los dos lados (…) Lo que estamos tratando de agilizar es que, dentro de la administración, los servicios públicos competentes que tengan que responder observaciones se ajusten al plazo que establecen nuestros cronogramas, para cumplir con los plazos de 180 días que establece la ley.

La tercera, 3 de julio de 2010.