Royalty: consenso modificatorio.

Senadores sellaron ayer pacto para recaudar US$ 500 millones anuales a partir de 2017:
Diputados opositores amenazan acuerdo por royalty suscrito entre Gobierno y Concertación

Se acordó un período de transición de tres años para recaudar US$ 1.000 millones para la reconstrucción, una tabla de entre 5% y 14% de tributación y un régimen de invariabilidad de seis años.

«Ahora sí el ministro tiene autorización para reírse». Ése fue el epílogo que le imprimió el senador Camilo Escalona (PS) al acuerdo suscrito ayer en el Senado entre el Gobierno y la Concertación para aprobar el proyecto de royalty del Ejecutivo.

El parlamentario socialista recordó el impasse del ministro de Minería, Laurence Golborne, quien en julio pasado soltó una carcajada durante una conferencia de prensa en la que el propio Escalona, junto al senador Ricardo Lagos Weber (PPD) anunciaban su rechazo al proyecto original de La Moneda en esta materia.

El tenso episodio se convirtió ayer en una anécdota, luego que el oficialismo y la oposición sellaran en la Comisión de Hacienda del Senado los términos en que se aplicará el nuevo sistema de tributación minera.

El proyecto que había sido aprobado en la Cámara por estrecho margen -un solo voto de diferencia- fue aprobado en forma unánime en la citada comisión, junto con la indicación del Ejecutivo donde se plasmaron los detalles del pacto.

Pero el camino para llegar a este acuerdo no fue fácil. Hasta la mañana de ayer, y antes de la sesión en comisión, habían alcanzado un consenso respecto a establecer una tabla de tributación de entre un 5% y un 14%, con lo que el aporte total de las grandes mineras aumenta desde un 37% actual, hasta un 41% cuando comience a operar el nuevo régimen.

«Esta tasa se aplica para todos los proyectos nuevos que ingresan ahora o bien para todos los que teniendo invariabilidad concluyen el año 2017, es decir, es el régimen general para proyectos nuevos hoy y es el régimen general a partir de 2018», explicó ayer Larraín.

También se acordó que las empresas que se acojan voluntariamente a este sistema gozarán de seis años de invariabilidad a partir de 2017, y no ocho, como planteaba la iniciativa original del Gobierno.

La controversia estaba instalada en el ítem de recursos que serían destinados a la reconstrucción. Y es que tras pactar la tasa y la invariabilidad no se había contemplado este punto, lo que molestó a la senadora Evelyn Matthei (UDI) quien presionó para incluir las platas destinadas a superar la catástrofe.

Así las cosas, se estableció un período de transición para los próximos tres años en que la tasa oscilará entre el 4% y el 9%, obteniendo una recaudación para el fisco cercana a los US$ 1.000 millones.

Se aseguró además que US$ 400 millones serán destinados a regiones a través de un fondo de inversión y reconversión, y beneficiará principalmente a las regiones mineras.

Una de las condiciones impuestas por la oposición fue la creación de una comisión de expertos que antes de 90 días debe proponer una modernización al Estatuto de Inversión Extranjera, que es el que beneficia con la invariabilidad a los nuevos proyectos mineros.

Este punto había sido impulsado por Escalona, individualizado por el oficialismo como el principal articulador del acuerdo. Desde hace semanas que el parlamentario venía señalando que un nuevo rechazo al proyecto de royalty significaba un elevado costo político para la Concertación.

Rechazan acuerdo

El acuerdo del Senado debe, sin embargo, ser refrendado el próximo martes en la sala.

Luego de eso, el proyecto debe volver a la Cámara para que sea despachado a ley. Pero, es ahí donde el pacto podría estrellarse con la postura adoptada por los diputados opositores.

Recién conocido el acuerdo, el jefe de bancada DC, Patricio Vallespín, telefoneó al presidente de su partido, el senador Ignacio Walker, para pedirle explicaciones y manifestarle la molestia de sus parlamentarios. «El acuerdo del Senado no es vinculante», sostuvo el vicepresidente de la DC, Fuad Chahín.

En la misma línea, el jefe de diputados del PPD, Ramón Farías, exigió al senador Ricardo Lagos Weber las razones para suscribir el pacto.

Hoy varios diputados de todas las bancadas opositoras rechazarán formalmente la negociación, debido a que en ella se mantuvo el beneficio de invariabilidad para las mineras.

»El acuerdo político que significa la aprobación de esta legislación por la unanimidad de las fuerzas políticas tiene otro valor incuantificable».

CAMILO ESCALONA
SENADOR PS

»Estamos desconcertados. Vamos a pedir explicaciones a nuestros senadores para que nos aclaren el porqué de este acuerdo».

RAMÓN FARÍAS
DIPUTADO PPD

DAVID MUÑOZ
El Mercurio, 7 de octubre de 2010.

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