Tras un año y cuatro meses en el Congreso, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer las indicaciones al proyecto que busca crear tribunales tributarios en el país. Estas apuntan a aumentar la transparencia en la designación de los jueces y a lograr una mayor independencia del Ministerio de Hacienda. Además se rebaja de 4 a 3 años la gradualidad de su implementación.
Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de pasar a la sala de la Cámara Baja para ser analizada por los legisladores en pleno, probablemente a partir de la próxima semana.
Historia: La iniciativa responde a la vieja aspiración del sector privado de contar con tribunales tributarios independientes del Servicio de Impuestos Internos, que a su juicio actúa como juez y parte.
En 2001 el gobierno se comprometió con los legisladores a enviar un proyecto en esta dirección si se aprobaba la ley contra la evasión tributaria para lo cual se dio un plazo de seis meses. Luego, convocó a una comisión de expertos que elaboró propuestas, algunas de ellas fueron recogidas y la iniciativa ingresó en noviembre de 2002 a trámite, pero ante numerosos reparos, incluidos de la Corte Suprema quedó en stand by, siendo destrabada en marzo con las indicaciones del Ejecutivo.
Contenido: El proyecto crea 16 tribunales tributarios a lo largo del país. Plantea la especialización de las Cortes de Apelaciones en materias tributarias; la creación de tribunales independientes de primera instancia: el establecimiento de una etapa administrativa obligatoria antes de iniciar un juicio, agilizar los litigios, y aplicar gradualmente la reforma.
Se propone que, como consecuencia del dictamen del fiscalizador, el contribuyente tenga una instancia de reconsideración ante el director regional de Impuestos Internos. En caso de no ser acogida su petición, el contribuyente podrá recurrir al tribunal tributario, lo que permitirá acelerar los procesos.
La labor de los jueces tributarios será calificada por la respectiva Corte de Apelaciones, la que deberá tomar en consideración un informe que al respecto entregue cada Director Regional de Impuestos Internos.
Actores: El sector privado, que a través de los distintos gremios de la CPC ha planteado la necesidad de contar con garantía de independencia a la hora de enfrentar un juicio en el SII. De acuerdo a la Sofofa hasta 2000 se encontraban en tramitación cerca de 1.300 causas, por un valor de US$ 223 millones, número que tiende a crecer, porque las causas que ingresan superan las que se fallan. A estas inquietudes se suman la de los legisladores encabezados por Pablo Lorenzini que aseguran defender a los contribuyentes.
El SII es la contraparte, entidad que se allanó a participar en una mini comisión con los parlamentarios de Hacienda, lo que permitió zanjar las mayores diferencias del proyecto.
Lo que viene: De ser aprobada en la sala pasará al Senado.
Fuente: El Diario Financiero
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